El actual boom de las energías renovables se está convirtiendo en un ejercicio de desorden en vez de ser la solución de transformación democrática que tanto necesitamos. Según la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la actual desregulación acarrea una “falta de claridad normativa y de planificación territorial, la duplicidad de trámites o la escasez de recursos de las organizaciones locales” y alimenta una dinámica general altamente especulativa. Se está viendo ya que la masiva implantación de solar sin saber a dónde puede ir esta energía está creando otra burbuja como la que ya se vio hace unos años, porque ahora pequeños y medianos proyectos (incluso grandes) empiezan a ver comprometidos sus modelos de financiación por la caída de los precios y temen el ‘overbooking’ de autorizaciones.

Participación ciudadana y justa transición energética

El frenesí especulativo pone en peligro a nuestra democracia ya que impide que la gente pueda tener por primera vez el control sobre la energía, emancipándose de la ley del mercado y desarrollando nuevas formas de generar, distribuir, usar la energía, con ahorro masivo de consumo y reduciendo las desigualdades sociales. Este tipo de transformación profunda y colectiva no tiene nada que ver con una “lotería energética” para pocos municipios que algunos expertos siguen legitimando públicamente. La cruda realidad es que la masiva desregulación beneficia a un oligopolio empresarial que se promociona con el mantra de “renovables en cualquier sitio y de cualquier forma” para supuestamente “salvar el planeta”. Se están diseñando incluso desde la propia administración políticas de macrorrenovables en contra de la gente y en muchas ocasiones en contra de la conservación de los ecosistemas que están siendo fuertemente contestadas por los propios habitantes de los territorios y por grupos conservacionistas. Por lo visto, como en otros países europeos, al reclamar “energía por y para el pueblo”, se empiezan a unificar las luchas ecologistas y las luchas sociales contra un nuevo tipo de latifundismo energético y su modelo mutante de depredación ambiental y económica.

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En este contexto, un discurso electoralista muy permisivo con las renovables especulativas promueve un mal llamado “nuevo contrato social y territorial”, que tan sólo nos propone elegir entre dos males el menor, justificando que o gana el oligopolio de los combustibles fósiles -y morimos por el colapso climático-, o gana el oligopolio de las renovables y… salvamos la vida y sus ingentes beneficios. Esta proliferación de simplificaciones y de polémicas sirve principalmente para hablar de renovables sin construir políticamente ningún límite consistente a la destructiva especulación actual como en otros países europeos, y sin dar a la participación ciudadana la fuerza decisiva que merece en una justa transición energética y ecológica. 

La Asamblea ciudadana por el Clima reunida a nivel estatal en 2022 ha demostrado con creces que un consenso social muy amplio existe en estos temas y es una palanca importante para poder construir un modelo socialmente justo de despliegue. De hecho, la reciente Asamblea por el Clima de Baleares llegó a generar un apoyo para las medidas relativas al bloque de energía y un 100% de consenso en torno a las comunidades públicas, con la creación de cooperativas de producción y distribución de energía renovable.

Por lo tanto, la democracia energética no es ningún horizonte utópico y responde a la reivindicación esencial y cada vez más masiva de los votantes: ¿Cómo nos puede beneficiar a todos realmente la transición energética?

Renovables, aquí sí: una zonificación que protege y acelera

El acceso directo de la ciudadanía a la producción de energía con tejados solares para autoabastecimiento ha sido muy complicado en los últimos años y en 2022 se produjo por primera vez un desarrollo más masivo en España, pero son sólo unas 200 mil instalaciones frente a los dos millones de Alemania o los 800 mil del Reino Unido o los 600 mil de Italia por ejemplo. Las comunidades energéticas se cuentan en nuestro país en tan sólo algún centenar, y no hay siquiera un censo exacto de las mismas. Ahora mismo, un futuro energético democratizado está ya en marcha en el resto de Europa y las comunidades energéticas van a cobrar un protagonismo esencial que España también debe construir, con mucho más voluntarismo que el 5% que se les atribuye en el último decreto de regulación. 

El actual desarrollo descontrolado de las renovables se realiza sin zonificación a escala regional y sin delimitar los espacios que impacten menos la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales. Por eso, cientos de colectivos de ciudadanos en toda España están luchando y reivindicado un proceso transparente y eficaz de consulta y de participación directa de los habitantes de esos territorios y esos paisajes, y solicitan con más fuerza el apoyo unificado de los grandes grupos ecologistas contra los macro proyectos de renovables.

No se puede permitir, por ejemplo, la agresión a los paisajes del Maestrazgo de Teruel, con molinos instalados incluso en zonas de protección de la red Natura 2000, o los valles pasiegos, la cordillera cantábrica, o las líneas de montes de Galicia de Sabucedo que el cineasta Rodrigo Sorogoyen defendió ante toda España, durante la última ceremonia de los Goya, con el lema “eólica sí, pero no así”. 

Planificar y zonificar

La planificación y zonificación no sirven para sólo prohibir: son la única herramienta que permite a las instituciones públicas agilizar el despliegue para controlar los gravísimos desequilibrios territoriales que se están creando a marcha forzada con las lógicas especulativas. El caso de Madrid o el País Vasco es el más evidente ya que tan sólo producen un 5% de la energía renovable para el total de su consumo. 



Existen suficientes espacios para implantar estas zonas industriales limitando los mayores impactos ambientales, al situarlas en zonas ya afectadas por las actividades humanas. Hay cientos de miles de hectáreas donde es posible instalar fotovoltaica con bajo (no nulo) impacto, desde zonas mineras, vertederos, escombreras, invernaderos ya consolidados, zonas alrededor de infraestructuras como autopistas, autovías, vías de tren. “Renovables aquí sí” es de hecho el título del informe publicado por el colectivo Aliente y el Observatorio de Sostenibilidad que defienden una zonificación a escala nacional.

Por una transición energética, económica y social

La democracia energética implica que la gente y las PYMES sean las principales beneficiadas de las energías renovables. Las modalidades de autoconsumo son hoy por hoy tan difíciles en España que el progreso real para cualquier partido político consiste en construir un sistema de acceso universal, con tarifas asequibles para todos los usuarios y capaz de crear puestos de trabajos seguros y a largo plazo. 

Entonces vienen también las preguntas más molestas sobre las actuales carencias de la voluntad política: ¿Por qué no se permite el balance neto? ¿O por qué no se subvencionan el 100% de estas instalaciones? ¿Por qué no se permite que simplemente la gente instale sus placas sin más hasta un determinado límite de potencia como en Portugal? ¿Por qué la administración no da el ejemplo equipando polideportivos, estaciones de tren, aeropuertos, terrenos de defensa? ¿Por qué las primeras iniciativas de reducción masiva del consumo con medidas de eficiencia energética no las concretan las instituciones públicas, transformando sus edificios e instalaciones? Predicando a gran escala con el ejemplo público, se demostraría que la transición energética y todo lo que reduce el consumo permite hacer real una nueva economía del decrecimiento, capaz de generar formas de bienestar y un cambio profundo de sociedad. 

Para que la implantación tanto de eólicas como fotovoltaicas ocurra a la velocidad que necesitamos, es imprescindible que millones de personas puedan a la vez reducir el consumo y ganar con las energías renovables, tanto de forma individual como colectiva. También es imprescindible que las controlen, al poder participar en la organización del despliegue de las grandes instalaciones. Un sistema energético 100% renovable tendrá que ser 100% democrático, eficiente, sobrio, inteligente y participado por la gente. 

¿Hay un partido político 100% comprometido con ello?