España ha logrado durante la última legislatura recuperar gran parte del peso y la capacidad de influencia que había disfrutado hasta que fue golpeada por la crisis financiera en 2008. Después de casi una década de travesía del desierto, en la que la imagen del Estado español tocó mínimos de reputación en la capital comunitaria, el cuarto país más grande de la Unión Europea ha vuelto a ser un actor relevante para el resto de socios comunitarios y, en particular, para la Comisión Europea, Berlín y París. 

Tras años desaparecida, España ha tenido un papel fundamental en la gestión de las dos grandes sacudidas que ha sufrido recientemente la Unión: la parálisis económica provocada por la pandemia y la escalada de los precios de la energía y de la inflación alentadas por la invasión rusa de Ucrania. En ambos casos, la voz del gobierno español se ha oído con mucha fuerza, hasta el punto de que el presidente, Pedro Sánchez, se plantó dos veces en el Consejo Europeo.

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El primer plantón logró arrancar una respuesta financiera contundente a la pandemia de covid, de la que nació el histórico Fondo de recuperación a partir, precisamente, de una propuesta española. Y el segundo llegó cuando la mayoría de los líderes europeos hacían caso omiso a la crisis energética e ignoraban las peticiones de España para tomar medidas de contención. Sánchez llegó a levantarse de una cumbre europea y de esa firmeza surgió el visto bueno a la llamada excepción ibérica, que ha permitido a España bajar las tarifas de la electricidad y rebajar la inflación hasta ser la más baja de la UE. 

La huella española, por tanto, ha vuelto a aparecer durante el último lustro en la actividad europea, después de años en los que el país se limitaba capear los reproches y admoniciones de Bruselas por los males propios y por algunos ajenos (derivados de la nefasta gestión comunitaria de la crisis del euro) que soportaban la sociedad y la economía españolas.

Pero la buena racha, en la que ha tenido mucho que ver la óptima imagen de Sánchez y de sus vicepresidentas Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, corre peligro de romperse si las elecciones del 23 de julio devuelven al país a un período de zozobra política y gubernamental, con el riesgo añadido de que sobre la zona euro se cierne un posible parón de la economía alemana que arrastraría al resto.

La sacrificada más inminente de un nuevo marasmo sería la presidencia española de la UE, que arranca el próximo 1 de julio. España perderá todo el impulso político requerido para ese semestre si el 23-J desemboca en un gobierno en funciones y en un larguísimo de negociación para formar un nuevo ejecutivo del color que sea o, incluso, en una repetición electoral. 

La agenda legislativa europea, con o sin nuevo Gobierno, continuará probablemente con total normalidad, porque las instituciones comunitarias necesitan aprovechar los próximos meses para rematar los proyectos en marcha antes de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024. Pero el daño será mucho mayor para la propia España, que no podrá aprovechar su semestre al frente de la Unión para impulsar su agenda de prioridades, desde la relación con Latinoamérica a una reforma racional del Pacto de Estabilidad.
 
La inestabilidad política, además, podría resucitar en Bruselas y en otras capitales el espectro de una España ingobernable y digna de tutela, tal y como ocurrió tras la crisis financiera. El declive de la posición española se inició entonces con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que se llevó por delante al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la caída se agravó con la crisis de la zona euro, que acabó forzando al gobierno de Mariano Rajoy a solicitar un rescate para la banca española de hasta 100.000 millones de euros. 

La humillación más tangible fue la salida de España en 2012 del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, rompiéndose el acuerdo tácito que otorgaba a los mayores países de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) un puesto permanente en el centro de mando de la política monetaria. El castigo se atribuyó al gobierno de Angela Merkel y, en particular, a su ministro de Finanzas, Wolgang Schäuble. Y simbolizó el fin de una era de casi tres décadas de ascenso del prestigio y la influencia de España en Bruselas.



La agitación política del país impidió recuperar puestos incluso cuando las crisis inmobiliaria y financiera quedaron atrás. La convocatoria de cuatro elecciones generales entre 2015 y 2019 mantuvo a los gobiernos españoles en una situación de interinidad difícilmente compatible con una posición fuerte en las negociaciones comunitarias. El movimiento independentista en Cataluña, además, tensionó al máximo la estructura interna del país y trasladó la sensación de un Estado en graves dificultades. El desgaste de la imagen internacional por la violencia policial del 1-O obligó al gobierno de Rajoy a volcar todos sus esfuerzos en evitar el más mínimo atisbo de comprensión en las capitales europeas hacia el procés. Y a abortar cualquier atisbo de oferta de mediación, sobre todo, por parte de la Comisión Europea. 

El esfuerzo diplomático contra Puigdemont agotó prácticamente el capital político y diplomático del ejecutivo español. Y desapareció del mapa comunitario en numerosos asuntos. En definitiva, España ni estaba ni se la esperaba en Bruselas.

La remontada española comenzó en 2018, precisamente por el BCE, cuando ex ministro de Economía, Luis de Guindos, logró la vicepresidencia en Fráncfort. Y se ha afianzado durante los últimos cuatro años. Los nombres españoles vuelven a oírse al frente de organismos europeos, como el Servicio europeo de Acción Exterior (Josep Borrell), la Autoridad Bancaria Europea (José Manuel Campa) o Eurocontrol (Raúl Medina). Y casi siempre que hay un alto cargo en juego, las quinielas bruselenses incluyen alguna figura de la política española, sea Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones o el propio Sánchez para el Consejo Europeo. 

En el Parlamento Europeo, los socialistas se convirtieron en las elecciones de 2019 en la mayor delegación nacional de la familia socialista, desbancando a Alemania y la eurodiputada Iratxe García desde entonces su grupo político europeo (S&D). Los populares tuvieron en España el cuarto mejor resultado de la UE en términos de escaños y uno de sus eurodiputados, Esteban González Pons, ocupa una de las vicepresidencias de su grupo (PPE).

También ha habido tropiezos en esta carrera hacia arriba, como el frustrado intento de Calviño de hacerse con la presidencia del Eurogrupo, que fue a parar al conservador irlandés, Paschal Donohoe. Pero, en general, España sale de esta legislatura con un reconocimiento a nivel europeo que le ha permitido volver a jugar en primera división. Pase lo que pase el 23-J, el reto debería ser no volver a segunda.