La reforma de las normas fiscales de la Unión Europea está al caer. Está sobre la mesa una propuesta legislativa de la Comisión Europea para cambiar esas normas, estableciendo límites de déficit y deuda para la política fiscal de todos los Estados miembros. Aunque contiene elementos sensatos, es necesario mejorar tres puntos clave: margen de maniobra insuficiente en las inversiones públicas en transición ecológica, falta de participación parlamentaria y coordinación inadecuada de la política fiscal entre los Estados miembros.

Tras una larga espera, la Comisión presentó su propuesta a finales de abril. En ella se pasa de la evolución anual de las finanzas públicas a una visión a más largo plazo. En el futuro, los planes presupuestarios plurianuales (de al menos cuatro años) se acordarían entre la Comisión y los gobiernos nacionales, sobre la base de un análisis de la sostenibilidad de su deuda.

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La proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto se proyectaría a más de diez años, con el fin de obtener una senda de referencia para el ajuste fiscal, de forma que la proporción disminuya o se estabilice. Con ello se pretende mantener los déficits presupuestarios por debajo del 3% del PIB y la relación deuda/PIB en un máximo del 60% a largo plazo, según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al tiempo que se consigue que los recortes presupuestarios a corto plazo - contraproducentes desde el punto de vista económico, social y ecológico - sean cosa del pasado.

El camino hacia un acuerdo negociado entre los Estados miembros de la UE sigue siendo pedregoso y el calendario para alcanzarlo antes de las elecciones al Parlamento Europeo, dentro de un año, es apretado. En la reunión de ministros de Economía y Hacienda de la UE del 16 de junio estarán en juego cuestiones polémicas. Alemania, por ejemplo, pide normas aún más estrictas para la reducción de la deuda, aunque la Comisión ya propone requisitos más severos que los previstos inicialmente en las directrices de reforma. Sin embargo, si las normas exigieran en el futuro una política fiscal procíclica, como durante la crisis de la eurozona, ello perjudicaría la sostenibilidad de la deuda.

Inversión insuficiente

El cambio previsto hacia un análisis individualizado de la deuda y el presupuesto de los Estados miembros podría proporcionarles más margen de maniobra a la hora de configurar sus políticas fiscales. Esto podría aumentar las posibilidades de éxito de cada gobierno a la hora de garantizar la sostenibilidad de la deuda y abordar al mismo tiempo los retos económicos y sociales nacionales. Pero el margen de maniobra no es suficiente.

Transformar los sistemas de energía y transporte de la UE para cumplir los objetivos climáticos exigirá una inversión pública adicional de al menos 146.500 millones de euros al año, equivalente al 1% de la producción económica. Sin embargo, no cabe esperar que gran parte de esta inversión tenga efectos positivos sobre los ratios de deuda pública. Por tanto, la propuesta de la Comisión, y el hecho de que su marco técnico analítico se centre en garantizar unos ratios decrecientes, se traduciría probablemente en una inversión pública insuficiente a nivel nacional.

Los Estados miembros podrían comprometerse a realizar una serie de inversiones y reformas, ampliando la senda de ajuste fiscal, si la Comisión acepta que las inversiones son coherentes con la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, los detalles sobre lo que se consideraría 'buenas' o 'malas' inversiones siguen sin estar claros. El análisis cuantitativo de las implicaciones fiscales y de crecimiento a medio plazo de las inversiones que sustentan un periodo de ajuste más largo es difícil y contendría el potencial de conflicto político.



Para que los gobiernos nacionales se tomen en serio sus objetivos climáticos y energéticos, el cumplimiento de las normas fiscales así reformadas sólo sería posible con medidas adicionales. Una sugerencia ha sido un fondo de inversión adicional de la UE, como sucesor permanente del Mecanismo de Recuperación y Recuperación, para financiar inversiones en clima y energía. Pero esto no forma parte actualmente del paquete de normas fiscales de la Comisión.

Poder adicional

Con la reforma prevista, la Comisión adquiriría competencias adicionales. Si, por ejemplo, sus evaluaciones técnicas condujeran a una valoración desfavorable de la sostenibilidad de la deuda de un Estado miembro, el margen de maniobra para una política presupuestaria democrática en ese país se reduciría considerablemente.

Si el análisis de sostenibilidad revelara un "problema de deuda importante", el gobierno podría ser sometido a una vigilancia más estricta y enfrentarse a sanciones por impago. Esto aumentaría (perversamente) el coste de la deuda pública, además de reducir el margen para tomar decisiones de política fiscal a nivel nacional.

Las evaluaciones de la Comisión sobre la sostenibilidad de la deuda de cada Estado miembro tendrán que basarse siempre en previsiones de crecimiento, tipos de interés, inflación y política fiscal. Estos supuestos, en los que se basarían las negociaciones bilaterales sobre los planes presupuestarios plurianuales con los Estados miembros, deberían estar sujetos al escrutinio democrático. Sin embargo, la propuesta de la Comisión no prevé la codecisión del Parlamento Europeo ni del parlamento nacional correspondiente, y no está claro qué margen tendría un nuevo gobierno para renegociar los planes presupuestarios plurianuales.

Capacidad de dirección

Lamentablemente, la Comisión ha aprendido muy poco de los errores del pasado, como cuando la falta de coordinación de la política fiscal entre los Estados miembros agravó la crisis de la eurozona. Con las actuales trayectorias de gasto derivadas de los análisis técnicos de la Comisión, serían necesarios recortes en varios países (grandes) de la zona euro para cumplir incluso las normas fiscales reformadas. Los efectos transfronterizos de los recortes presupuestarios simultáneos podrían exacerbar los efectos negativos de la austeridad sobre el empleo. Y con la ralentización del crecimiento, los ratios deuda/PIB tenderían a superar las previsiones de la Comisión.

Su propuesta no tiene suficientemente en cuenta este dilema de acción colectiva y se queda corta a la hora de dirigir la política fiscal de la zona del euro en su conjunto. Esta capacidad de dirección es crucial para que la unión económica y monetaria funcione para todos los Estados miembros.

Por lo tanto, debería ser obligatorio para la Comisión tener en cuenta las implicaciones para el conjunto de la zona del euro de las trayectorias presupuestarias de cada Estado miembro, derivadas de los análisis de la deuda. Por su parte, los Estados miembros deberían tener en cuenta las ramificaciones para la zona del euro a la hora de negociar sus planes específicos para cada país.

Las actuales normas fiscales de la UE no son adecuadas para el futuro y deben reformarse. En las próximas negociaciones políticas, los gobiernos deberían desempeñar un papel constructivo y no adoptar posturas 'duras' que podrían amenazar de nuevo la estabilidad de la zona de la moneda común.

Por el contrario, es necesario mejorar las propuestas de la Comisión:

• Más margen para la inversión pública en clima y energía, sin la cual la realización de los ambiciosos objetivos climáticos para las próximas décadas será un horizonte lejano
• Legitimidad democrática obligatoria en la elaboración de planes presupuestarios plurianuales mediante una mayor participación de los parlamentos, y
• Una mayor coordinación de la política fiscal entre los Estados miembros.