El buque insignia de la solidaridad europea hace aguas, sobre todo, en el sur de Europa. La política de cohesión, una de las iniciativas más ambiciosas en la historia de la UE, acusa evidentes signos de agotamiento, según muestran los últimos informes de la Comisión Europea. La convergencia económica se ha estancado o, incluso, retrocedido, en algunas de las regiones que más ayudas reciben en España, Portugal o Grecia, precisamente los tres países cuya entrada en el club desencadenó en 1988 el lanzamiento de los multimillonarios fondos estructurales. 

La falta de eficacia de tamaña inversión (378.000 millones previstos entre 2021-2027) ha acelerado el debate en Bruselas sobre el futuro de la política de cohesión más allá de 2027. Las posiciones se decantan entre la reforma de los fondos o su desaparición. Lo único que nadie parece desear es el mantenimiento de un status quo que tras 50 años en vigor ya no parece responder a las necesidades de una buena parte de Europa. El cambio urge porque la Comisión Europea teme que la persistente brecha de riqueza y oportunidades laborales entre regiones espolee el descontento social y se convierta en la chispa ideal para movimientos antidemocráticos.

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“En su conjunto, las disparidades de PIB per cápita están retrocediendo, pero a un ritmo decreciente”, señala el informe publicado la semana pasada por la Comisión sobre crecimiento y convergencia en las regiones europeas. El mismo documento añade que “el crecimiento se ha vuelto negativo en varias regiones de los Estados miembros del sur, notablemente en Grecia e Italia”. Las luces de alarma sobre las carencias de la política de cohesión en los países del Mediterráneo comenzaron a parpadear hace ya casi década y media, a raíz de la gran crisis financiera de 2008. Pero han ido a más en los últimos dos años, agravadas por las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia.

El agujero negro más peligroso de la política de cohesión parece encontrarse en las llamadas “regiones en transición”. En esa categoría figuran las regiones con un PIB per cápita de entre el 75% y el 100% de la media comunitaria. Y Bruselas les recorta las ayudas porque se da por supuesto que pasarán pronto a la categoría “regiones más desarrolladas” (con un PIB per cápita superior al 100% de la media). El objetivo se cumple en muchas zonas de los países de Europa central y del Este, donde el proceso de convergencia económica es todavía muy acelerado. En el sur de Europa, en cambio, la supuesta transición termina a menudo en la llamada “trampa de crecimiento”, es decir, una espiral de falta de inversión, despoblación y caída abismal del crecimiento.

“En 2021, el PIB per cápita en las regiones ha caído hasta el entorno del 85% de la media de la UE desde un 91% en el año 2000”, lamenta el citado informe de la Comisión. Es el caso de España, que ha pasado de tener una sola región en transición (Extremadura) en el período presupuestario 2014-2020 a sumar otras cuatro (Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla) en el período actual (2021-2027). 

Y el resultado empeora por momentos porque en esa clasificación Bruselas tomó como referencia los datos de PIB previos a la debacle de la Covid-19. La situación se ha deteriorado aún más durante la pandemia y la Comisión actualizó la semana pasada sus directrices sobre la intensidad de la ayuda permitida en cada región. Murcia, con un 70,6% de PIB per cápita, pasa a figurar entre las regiones menos desarrolladas y, por tanto, susceptibles de recibir mayores subsidios. Y Canarias, que se encontraba al filo entre ambas categorías (con un 75%) ha sufrido un desplome de 10 puntos en el PIB per cápita hasta el 65%, según el mismo documento. 

El problema no es exclusivo de España. En lo que va de siglo y hasta 2020, la política de cohesión ha contado con una financiación total de casi un billón de euros. Pero en Italia, según indicó un informe de la Comisión del pasado mes de abril, todas las regiones han perdido terreno desde el año 2000. En Francia, la mayoría de las regiones están en riesgo de caer en la trampa de crecimiento. Y el mismo problema acecha a regiones de Bélgica o del este de Alemania. 

“Un número creciente de regiones de la UE (…) están en una “trampa de desarrollo” o en riesgo de caer en ella”, alerta el informe de la Comisión sobre convergencia citado anteriormente. “Esas regiones experimentan largos períodos de crecimiento bajo o negativo, débiles aumentos de productividad y una baja creación de empleo”, detalla la Comisión.

Bruselas ya apuntó la necesidad de introducir cambios en la gestión de los fondos en su octavo informe sobre política de cohesión, publicado el año pasado. La Comisión sugiere, entre otras posibles medidas, la ampliación del mecanismo para una transición justa, destinado a mitigar el impacto social de ciertas políticas medioambientales; dirigir parte de las ayudas a alentar la diversificación en las regiones donde domine en exceso una sola actividad económica; reforzar el apoyo a los núcleos de población rural que pueden servir como catalizadores de crecimiento a nivel comarcal; desarrollar “un nuevo paradigma de crecimiento” para las regiones menos desarrolladas basado en las oportunidades y vínculos internacionales que ofrece la transformación económica en marcha en todo el mundo. 



En principio, la evaluación de los fondos en curso debería realizarse cuando concluyan los programas en marcha (en 2029). Pero Bruselas considera que la situación es tan delicada que intentará reformar la política de cohesión durante el presente marco presupuestario (2021-2027) y antes de que se apruebe el próximo. La Comisión Europea ultima la revisión intermedia del marco presupuestario vigente, un trámite habitualmente inocuo pero que en esta ocasión puede ser la antesala de una auténtica transformación de las políticas de solidaridad en el seno del club.

La creación, además, de nuevos modelos de apoyo a raíz de la pandemia (el fondo SURE para financiar la regulación temporal de empleo y el Fondo de Recuperación y Resiliencia para modernizar el tejido económico) alienta un replanteamiento sobre la ejecución de unas gigantes partidas que durante este período suman 1,2 billones de euros sin contar la Política Agrícola Común. Una opción de las que se baraja, precisamente, sería sustituir el mastodóntico proceso de los fondos de cohesión por la agilidad del Fondo de recuperación, que en solo cuatro años espera inyectar 800.000 millones de euros. Pero esa posibilidad es rechazada por las autoridades regionales que temen perder protagonismo en la gestión de las partidas porque el fondo de pandemia tiene un funcionamiento centralizado por los gobiernos nacionales. 

En todo caso, Bruselas considera imprescindible disponer de una política que fomente la prosperidad de las regiones porque, según su informe de la semana pasada, “quienes se quedan atrás pueden cultivar un resentimiento y un descontento hacia el sistema democrático y hacia los valores en que se basa la UE”.