El 9 de junio de 2023 pasará a los anales de la historia como la fecha de la primera acusación contra un expresidente de Estados Unidos por la comisión de crímenes federales.

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Los hechos, tal y como vienen recogidos en el escrito de acusación presentado el viernes pasado, son relativamente sencillos:
 

1. Se acusa a Trump, en primer lugar, de haber retenido cientos de documentos clasificados de propiedad de los Estados Unidos tras su salida de la Casa Blanca, que contenían información “sobre las capacidades defensivas y armamentísticas de los Estados Unidos y otros países, los programas nucleares de Estados Unidos, potenciales vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados ante un posible ataque y planes de posibles represalias en caso de un ataque exterior”.
2. El relato de la acusación afirma que, durante las últimas semanas de su mandato, Trump dio órdenes, como Presidente y a sabiendas, de meter en cajas todo tipo de documentos (incluidos documentos secretos) y llevarlos a su residencia particular en Mar-A-Lago, Florida, pese a que, desde las 12 horas del mediodía del 20 de enero de 2021, Trump perdía su autorización para poseer o retener documentos clasificados, y Mar-A-Lago no era una “localización autorizada” para el “almacenamiento, posesión, exhibición”, etc, de ese tipo de documentos.
3. Una vez en Florida es cuando empezó el vodevil del movimiento de las cajas, que estuvieron, por este orden: a la vista de todo el mundo en un salón de baile del club, en el centro de trabajo de este, en un cuarto de baño, para acabar en un almacén en el sótano, localizaciones todas ellas perfectamente accesibles a terceros y sin ningún tipo de medida de seguridad.
4. Por si fuera poco, el escrito de acusación recoge al menos dos incidentes en los que Trump le exhibió documentación clasificada a terceros que carecían de autorizaciones de seguridad para ello y, lo que resulta especialmente grave, en uno de los casos hay una grabación en la que Trump reconoce que está en posesión de documentos secretos que ya no puede desclasificar, porque ya no es presidente.
5. Mientras ocurría todo esto, los Archivos Nacionales intentaban conseguir que Trump devolviera la documentación presidencial (en general) que se había llevado a Florida, en violación de la Ley de Archivos Presidenciales. Trump llevó a cabo un examen personal de docenas de cajas (y durante dicho proceso varios empleados intercambiaron mensajes de texto y fotografías sobre todo el trasiego que eso suponía, incluyendo al menos una caja con su contenido -secreto- desparramado por el suelo) y seleccionó el material a devolver. Tras recibir catorce cajas en las que figuraba material clasificado, los Archivos Nacionales lo detectaron y se lo remitieron al Departamento de Justicia y éste al FBI.
6. A la vista de este hecho, el Departamento de Justicia inició una investigación criminal y convocó a un Gran Jurado, el cual requirió formalmente a Trump para que entregara cualquier documentación clasificada que todavía estuviera en su posesión. Si Trump hubiera cumplido con el requerimiento, es casi seguro que el asunto hubiera terminado aquí. Pero no solo no lo hizo, sino que engañó a sus propios abogados, al Gran Jurado y al FBI, y con la cooperación de un ayudante que ha terminado también imputado, ocultó a sabiendas parte de la documentación clasificada que todavía conservaba (las páginas en las que se describen las maniobras de Trump en este punto constituyen el corazón de la acusación contra él) e hizo firmar a sus abogados un certificado falso entregando 38 documentos clasificados más, y jurando que era todo lo que le quedaba.
7. El FBI, sin embargo, tenía grabaciones de video que probaban que todavía quedaban cajas en Mar-a-Lago con material potencialmente clasificado y obtuvo una autorización judicial de entrada y registro a resultas de la cual se hallaron todavía 102 documentos secretos en el almacén del sótano y en la oficina de Trump.

Llegados a este punto, el escrito de acusación recoge los cargos contra Trump y su ayudante, que son los siguientes:
 

1. 31 delitos de retención deliberada de información relativa a la defensa nacional, uno por cada uno de 31 documentos específicos seleccionados por el Fiscal Especial, imaginamos que por su gravedad (algunos documentos son tan secretos que incluso en el escrito de acusación aparecen tachados algunas de sus elementos identificativos de clasificación). 
2. Tres delitos de conspiración para obstruir a la justicia por ocultar las cajas con documentación clasificada de los abogados de Trump, haciendo que estos emitieran una declaración jurada falsa al FBI, por ocultar las cajas al FBI y al Gran Jurado.
3. Un delito de ocultación deliberada de documentación en el marco de una investigación federal.
4. Tres delitos de falso testimonio, uno contra Trump por inducir a sus abogados a emitir una declaración falsa, y otra contra su ayudante por mentirle al FBI.

Aunque la suma de los 38 delitos alcanza penas máximas de 400 años de cárcel, en la práctica, las penas que Trump y su ayudante afrontarían serían muy inferiores -de en torno a ocho o diez años de prisión.

Entre todo este fárrago judicial, hay dos buenas noticias para Trump: en primer lugar, que la juez que supervisará el juicio (con jurado) es Aileen Cannon, una juez nombrada por el propio expresidente pocas semanas antes de dejar el cargo que ya estuvo involucrada con el caso el año pasado cuando prohibió al FBI examinar los documentos intervenidos a raíz de la entrada y registro y nombró a un Abogado Especial para revisar los papeles intervenidos por el FBI en base a cuestiones de potencial “privilegio presidencial”, dos decisiones tan manifiestamente erróneas que un Tribunal del Undécimo Circuito de Apelaciones, compuesto por tres magistrados nombrados por presidentes republicanos, las revocó con singular rapidez y con duras críticas a la actuación de la Jueza. Veremos si eso la hace comportarse con mayor imparcialidad en esta ocasión.



El segundo aspecto favorable para Trump es que se tratará de un juicio con jurado en el Distrito Sur de Florida, en el que al menos la mitad de los potenciales jurados serán votantes suyos, lo que hace más difícil que reciba una Sentencia condenatoria, porque ésta exigirá unanimidad.

Es difícil predecir cuándo se iniciará el juicio. Ante todo, habrá enormes disputas sobre la exhibición documental, dado que la misma implica mostrar documentos altamente secretos a ciudadanos legos. Y luego habrá que seleccionar a un jurado razonablemente imparcial.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, es preciso tener en cuenta que ésta no es ni siquiera la acusación más grave que pesa sobre Trump. Todavía faltan, al menos, la culminación de la investigación por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que le puede involucrar como inductor del mismo y la potencial acusación por los intentos de falsear el escrutinio en Georgia, hechos más graves que los enumerados en el escrito de acusación del viernes pasado.