Las instituciones europeas y todas las capitales de la UE, en particular, las que tienen un gobierno euroescéptico, están muy pendientes de las elecciones en España. En el caso de Bruselas, el 23-J amenaza con desbaratar por primera vez en la historia de la UE las amplias mayorías que sostienen la política comunitaria si un partido euroescéptico como Vox entra en el gobierno de un país de la talla de España. En cambio, los ejecutivos euroescépticos, con el de la italiana Georgia Meloni al frente, se frotan las manos ante la posibilidad de que un giro ultra en España les permita sumar los votos necesarios en el Consejo de la UE para bloquear cualquier iniciativa de la Comisión e imponer su soñado frenazo a la integración europea.

Los socios de la UE con gobiernos reacios o contrarios a proseguir con la integración europea (Italia, Polonia, Hungría, República checa y Finlandia) suman ahora el 27,49% del voto en el Consejo de la UE, un porcentaje alejado del umbral del 35% necesario para bloquear los acuerdos por mayoría cualificada, que son los más habituales. 

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Pero si una coalición del PP y Vox decanta a España del lado de Meloni, Kaczynski, Orban y cía, la alianza euroescéptica sumaría el 38,09% de los votos, por encima del mínimo necesario para dinamitar cualquier iniciativa de la Comisión Europea. En ciertas votaciones podrían contar incluso con Suecia, donde el gobierno conservador depende del apoyo parlamentario de la extrema derecha, lo que elevaría el porcentaje a 40,42%. Y pueden llegar más refuerzos. En breve habrá elecciones en Holanda, donde tras la retirada del primer ministro liberal, Mark Rutte, se espera que los partidos ultras y de populismo agrario asciendan con fuerza. El voto holandés supone casi cuatro puntos porcentuales en el Consejo.

Los ultraconservadores europeos, agrupados en torno a la formación ECR que preside Georgia Meloni, no ocultan que el 23-J supone una oportunidad histórica para pasar de un papel subalterno en una Unión Europea dominada por fuerzas europeístas (conservadores, socialistas, liberales y verdes) a convertirse en uno de los ejes de poder en el club, con potencial para desarmar parte de la construcción comunitaria y renacionalizar políticas como la energética, la medioambiental, la migratoria o la de exterior y defensa. 

La propia Meloni ha irrumpido en la campaña electoral española para pedir el voto a favor de Vox. Un gobierno español con la extrema derecha euroescéptica dentro "propulsaría un cambio en Europa ", afirmó la semana pasada la primera ministra italiana. "La hora de los patriotas ha llegado", animó para plantar cara a unos partidarios de la integración europea a los que Vox tacha de "globalistas" al servicio de oscuros intereses internacionales.

Ese reequilibrio a favor de las fuerzas centrífugas mantiene en vilo a las instituciones comunitarias que siempre han contado a España entre los socios partidarios de avanzar de forma incuestionable. Las tornas podrían cambiar si el PP de Alberrto Núñez Feijóo optara por elevar al partido de Santiago Abascal a la categoría de socio de gobierno. En ese caso, tres de los cinco países más poblados de la UE (Italia, Polonia y España) contarían con ultras en posiciones de poder y con capacidad para marcar o influir en la agenda de Bruselas. 

El programa electoral de Vox se alinea claramente en su capítulo europeo con las posiciones de países como Polonia o Hungría, ambos expedientados por presunta violación de los valores fundamentales de la Unión (en base al artículo 7 del Tratado), con los fondos suspendidos y, en el caso polaco, con varias sanciones multimillonarias por desacato a las sentencias del Tribunal de Justicia europeo. 

"Las instituciones de la Unión Europea han tomado una derivada de disolución de la soberanía de los Estados miembros y de sumisión a los lobbies ecologistas e ideólogos radicales", acusa la formación de Abascal en su programa para el 23-J. Vox aboga por liderar "otra visión de Europa", que pasaría por negociar un nuevo Tratado de la Unión para renacionalizar competencias. 



El posible socio de gobierno del PP defiende, además, la primacía del derecho nacional sobre el europeo, una doctrina que destruiría la seguridad jurídica de la UE y cuya aplicación ya le ha costado grandes multas a Varsovia. E insiste en que los gobiernos nacionales deben recuperar el "protagonismo frente a la burocracia de una Comisión Europea a la que nadie elige y a la que nadie puede fiscalizar", a pesar de que la actual Comisión, como las anteriores, fue votada por el Parlamento Europeo. El equipo de Von der Leyen, en concreto, fue aprobado por 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones en un Parlamento donde el propio grupo europeo de Vox está presente y ocupa 66 escaños (cuatro de ellos de la formación española).

Polonia y Hungría han intentado durante años boicotear iniciativas comunitarias, pero su capacidad de obstrucción es limitada y tan solo se ha hecho realidad en áreas donde cuentan, como el resto de socios, con derecho de veto, en particular, en resoluciones sobre política exterior. 

Cuando el gobierno de Mateusz Morawiecki o el de Viktor Orbán se han interpuesto en planes considerados vitales por la UE, los otros gobiernos han buscado fórmulas para sortearles, llegando a amenazarles con seguir adelante sin ellos mediante fórmulas ad hoc extracomunitarias u ofreciéndoles concesiones más o menos inocuas. Así se resolvieron, por ejemplo, las broncas sobre el fondo de recuperación y sobre el reglamento de condicionalidad de los fondos, ambos aprobados a pesar de la resistencia de Varsovia y Budapest. El reglamento, para más inri, se ha estrenado con Hungría, que tiene los fondos estructurales bloqueados por sus lagunas en cuanto al Estado de derecho.

Pero la UE está perdiendo fuerza para disciplinar a los socios embarcados en una deriva autoritaria a medida que partidos ultraderechistas o euroescépticos logran cuotas de poder en las capitales y, por ende, en las instituciones europeas. Con la victoria de Meloni el año pasado en Italia y la entrada este año del partido ultranacionalista Los Finlandeses en el gobierno de Finlandia (con la vicepresidencia y siete carteras, algunas tan significativas como Finanzas, Economía, Interior, Justicia o Comercio), los países con gobiernos o coaliciones reacios a la integración europea suman ya 122 millones de habitantes, es decir, más de la cuarta parte de un total de 447,7 millones. 

Hans Kundnani, investigador del centro Chatam House en Londres, incluso considera factible que los partidos de extrema derecha lleguen a ser dominantes en la UE y que, en lugar de destruirla como prometen algunos de sus programas, muten su naturaleza para transformarla en una suerte de bastión de defensa de la civilización europea, a la que consideran amenazada. 

Kundnani señala, en un artículo recién publicado en IPS, que esa posibilidad ha ganado enteros gracias al acercamiento del Partido Popular Europeo (PPE) hacia alguno de postulados defendidos por la utlraderecha en materia de migración, identidad o el islamismo. "El compromiso entre el centro derecha y la extrema derecha está produciendo una especie de versión 'proeuropea' de las ideas de la extrema derecha", concluye el investigador.

Y en ese avance de posiciones ultras en la UE, España y su 23-J son una pieza fundamental porque un gobierno de coalición con la ultraderecha reforzaría claramente la posibilidad de bloqueo de ese tipo de formaciones y podría arrastrar al PPE hacia unas posiciones alejadas de la democracia-cristiana tradicional, lo que pondría en peligro su colaboración con otras fuerzas europeístas y, por consiguiente, todo el andamiaje que ha sostenido a la Unión desde hace más de 70 años.