En lo que se está empezando a convertir en una desgraciada costumbre, ayer Jack Smith, el fiscal especial designado para investigar los hechos relativos al intento de subversión del resultado de las elecciones presidenciales de 2020, formuló escrito de acusación contra el expresidente Donald Trump, cuya lectura revela los hechos más cercanos a un intento de golpe de Estado en toda la historia de Estados Unidos.

Es importante entender ante todo que no se acusa a Donald Trump de haber mentido sobre el (inexistente) fraude electoral, sino de haber utilizado esas mentiras como “palanca”, por así decirlo, para perpetrar tres conspiraciones criminales interconectadas pero distintas:
 

1. Una conspiración para obstruir o impedir la recolección, cómputo y certificación de los resultados electorales por parte del Gobierno federal.
2. Ante la posibilidad de que esa conspiración fracasase, se embarcó en otra, simultánea, para obstruir e impedir el procedimiento de certificación de los resultados electorales el 6 de enero de 2021 en el Capitolio 
3. Y por último, una conspiración general para impedir el ejercicio del derecho de voto y el derecho a que cada voto sea contado, ambos derechos fundamentales.

Uno de los aspectos más interesantes es que el escrito de acusación incluye menciones a otros seis coconspiradores -a los que no se acusa, sin embargo, bien para poder acelerar el juicio contra Trump, bien para darles una última oportunidad de que colaboren con la Justicia. Hay entre ellos cuatro abogados (algunos tan relevantes como Rudy Giuliani o John Eastman), un funcionario del Departamento de Justicia y un consultor político, pero todos ellos ostentan un nexo común: ayudaron a Trump en sus intentos de subvertir el resultado electoral.

Los mecanismos que utilizó Trump para subvertir el resultado electoral fueron esencialmente cinco, una vez más, simultáneos en algunos casos:
 

1. Presiones a legisladores y funcionarios públicos estatales para ignorar los resultados electorales legítimos y sustituirlos por otros.
2. Organizar, en muchos casos bajo engaño, a siete grupos de electores fraudulentos en Estados disputados para que emitieran certificados falsos dirigidos al vicepresidente Mike Pence.
3. Utilizar políticamente al Departamento de Justicia para crear una falsa impresión de incertidumbre o de fraude en los resultados electorales, incoando demandas y denuncias sin fundamento.
4. Ligado con el segundo punto, intentar que el vicepresidente participara en el proceso de subversión de los resultados electorales, incitando incluso a la turba para que se dirigiera al Capitolio con la intención de presionarle.
5. Por último, incluso durante el asalto al Capitolio, continuar presionando a los legisladores para que no certificaran los resultados.

Cuando Smith entra a analizar las actuaciones de Trump y sus coconspiradores, varias cosas saltan a la vista: en primer lugar, que va a ser difícil para Trump que pueda alegar que no sabía perfectamente que estaba mintiendo y pese a todo actuó de la manera en que lo hizo, dado que hubo un enorme listado de funcionarios y políticos que le dijeron que sus alegaciones sobre el fraude electoral carecían de base.

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Las presiones sobre políticos republicanos en Estados como Arizona, Michigan y Georgia traspasan cualquier línea roja (en particular, los intentos directos de Trump de que el Secretario de Estado de Georgia “encontrara” 11.780 votos para alterar el resultado electoral, aunque ya conocidos, siguen siendo el mayor intento de presión política ilegítima desde los tiempos del Watergate).

Quizá dos de los aspectos más novedosos que hasta ahora no habían salido a la luz pública es la magnitud de las presiones a las que sometieron Trump y sus coconspiradores al Departamento de Justicia y al Fiscal General en funciones a finales de diciembre y principios de enero para que iniciaran investigaciones fraudulentas sobre los resultados electorales.

Pero, sobre todo, se puede leer en el escrito hasta qué punto se sometió al entonces vicepresidente Mike Pence a un grado inhumano de intimidación. Pence se abrió completamente de capa ante el Gran Jurado y contó con pelos y señales (y basándose en notas tomadas durante esos días) hasta que punto fue apremiado para que sustituyera unos certificados electorales por otros, o para que al menos se negara a o aplazara certificar los resultados.



Al mismo tiempo, el escrito indica como Trump excitó a la turba durante las semanas y días previos al 6 de enero, explicando falsamente que el VP tenía el poder para no certificar los resultados. Lo que no hace el escrito del fiscal especial, curiosamente, es acusar a Trump directamente de incitación a la insurrección. El escrito se acerca mucho a esa imputación, pero no cruza esa línea, probablemente por falta de pruebas directas.

Trump se juega una condena de más de treinta años de cárcel por estos hechos. Y al contrario que en el caso de los papeles secretos de Mar-a-Lago, la juez que supervisará el juicio es Tanya Chutkan, una juez nombrada por Obama en 2014 que ha condenado ya a penas severas a varios de los asaltantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El segundo aspecto desfavorable para Trump es que se tratará de un juicio con jurado en el Distrito de Columbia, en el que al menos el 90% de los potenciales jurados serán votantes demócratas, lo que hace más fácil que reciba una Sentencia condenatoria.

Las reacciones a la acusación, sobre todo entre los republicanos, demuestran por qué Trump sigue siendo el gran favorito a ser renominado por su partido, aunque está por ver que, en cambio, no se vea muy perjudicado entre los votantes independientes y moderados por estos hechos.