El Govern catalán presidido por Pere Aragonés lleva meses reconstruyendo la relación con la Comisión Europea, destruida hace casi una década como consecuencia del procés. Una estrategia de normalización que puede desbaratarse si los diputados independentistas catalanes, sobre todo, los fieles al expresidente Carles Puigdemont, frustran la investidura de un nuevo Gobierno en España o facilitan indirectamente la llegada al poder de una extrema derecha dispuesta a tensar de nuevo la situación en Cataluña. 

El ejecutivo comunitario encabezado por la conservadora alemana Ursula von der Leyen se ha mostrado abierto a las señales de acercamiento lanzadas desde la llegada de Aragonés al Palau de la Generalitat. Y los gestos de distensión entre Bruselas y Barcelona se han sucedido, con la visita incluso de uno de los vicepresidentes de la Comisión, Margaritis Schinas, a la capital catalana para reunirse con el actual presidente de la Generalitat. Pero la buena marcha de las relaciones entre Comisión y Govern corre peligro si la política española y catalana entra en una fase de turbulencias que descoloque en Bruselas tanto la posición del gobierno español como la del ejecutivo de Aragonés. 

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Todas las miradas apuntan hacia Waterloo, donde el hoy eurodiputado Carles Puigdemont no sólo tiene una de las llaves para la formación de un gobierno en España sino también para propiciar o no que la Generalitat siga recuperando su tradicional y privilegiado acceso a las instituciones europeas. Un acceso que depende en buena medida de las relaciones entre Moncloa y el Palau. De hecho, el emergente entendimiento entre la Comisión de Von der Leyen y la administración de la Generalitat ha ido en paralelo a la “desinflamación” que el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado en Cataluña. 



La apuesta de Aragonés, según indicó después de su encuentro con Schinas, pasa “por intensificar nuestras relaciones con la UE”. El govern aspira a recuperar el elevado nivel de interlocución con la capital comunitaria que disfrutaban las autoridades catalán hasta que la relación con Bruselas descarriló a partir de 2015. 

Aquel año, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, visitó la sede de la Comisión (el edificio Berlaymont) para reunirse con la comisaria europea de Transporte. Una última visita con alfombra roja. Con los primeros pálpitos del procés, las puertas de la Comisión empezaron a cerrarse una tras otra y las llamadas de teléfono y los correos electrónicos procedentes de la Generalitat solo recibían el silencio por respuesta. 

Y no fue hasta enero de 2022 cuando se produjo de nuevo un primer tanteo entre Bruselas y Barcelona, gracias a un encuentro de la consellera de Acció Exterior, Victória Alsina, con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Pero esa escarceo ni siquiera fue todavía bilateral, sino a rebufo de una visita de representantes de la llamada Eurorregión. El govern tuvo que esperar hasta este año para que un dirigente comunitario se brindase a una reunión en exclusiva con las autoridades catalanas.  

El portazo de hace ocho años puede repetirse si los independentistas catalanes se convierten en el desencadenante de una repetición electoral en España que brinde otra oportunidad a Vox de llegar al poder de la mano del PP, una posibilidad que molesta en capitales como Bruselas, París o Berlín. 

La Comisión como institución se mantiene neutral en los procesos electorales. Pero la vuelta a las urnas frustraría el alivio con que Bruselas acogió el resultado de las elecciones generales en España del 23 de julio porque supusieron un gran tropiezo para el ascenso de la extrema derecha en Europa.

El mal resultado de Vox frustró las posibilidades del partido de Santiago Abascal de entrar en un gobierno de coalición con el PP. Un desenlace que hubiera redoblado el poder e influencia de las fuerzas ultras y euroescépticas en Bruselas para frenar avances avances en materia presupuestaria, migratoria o medioambiental y para complicar de paso las posibilidades de reelección de Von der Leyen en 2024 si la alemana opta a continuar al frente de la Comisión.

La estrecha victoria de Feijóo el 23-J ha tenido además reverberaciones a escala europea porque ha mermado el impulso del ala más conservadora del Partido Popular Europeo (PPE), que cuestiona la continuidad de Von der Leyen y aboga por un entendimiento más o menos estrecho con la ultraderecha en función de las necesidades electorales. 

“Feijóo, que alimenta una profunda aversión personal en contra [de Von der Leyen], ha fracasado en su proyecto de alzarse con el puesto de primer ministro tras las elecciones legislativas en España”, señalaba la semana pasada el diario alemán Die Welt, en un análisis sobre las posibilidades de reelección de la actual presidenta de la Comisión. El mismo medio apuntaba que, paradójicamente, la continuidad de Sánchez jugaría más a favor de la presidenta alemana porque el español sumaría apoyos socialistas a su favor.

Puigdemont se enfrenta así a una delicada tesitura. Los siete escaños de Junts, decisivos para la formación de un Gobierno en Madrid, pueden también provocar una sacudida en Bruselas y en las relaciones entre la Comisión y Cataluña. El de Waterloo parece ser consciente de que le ha recaído un poder que convine manejar con prudencia. “Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al siguiente, no, y eso no podemos perderlo de vista nunca. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderlo ni en la sobreactuación ante un poder que es inevitablemente efímero”, reconoció el expresidente catalán en un comentario en redes sociales pocos días después de que el 23-J le colocase en el punto de mira de buena parte del continente.