En la primera semana de septiembre, el grupo STC, operador de Arabia Saudí, anunció una inversión de 2.100 millones de euros para adquirir el 9,9% del capital social de Telefónica, lo que le convertiría en el primer accionista de la compañía. Esta noticia, que ha iniciado prácticamente el curso económico, ha despertado un enorme debate en torno a dos temas. Primero, la promoción y protección de sectores estratégicos para España. Segundo, las implicaciones de este caso -y de otros similares, cada vez más crecientes- para la autonomía estratégica de la Unión Europea. 

La firma STC Group es la empresa más importante de telecomunicaciones de Oriente Medio. Cotiza en la bolsa de Arabia Saudí y cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 50.000 millones de euros, es decir, más del doble que Telefónica. Telefónica es una de las más relevantes de la Unión Europea, junto con Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, entre otras. La compañía saudí tiene una relación directa con el fondo soberano saudí, el Fondo de Inversiones Públicas (PIF), presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El 64% de las acciones de STC Group pertenecen a este Fondo. Mientras, Telefónica experimentó el proceso de liberalización de participación pública en el sector de las telecomunicaciones en la década de los noventa, después que la Comisión Europea lanzara una normativa europea en 1993 para estimular la competencia libre en el sector. 

Un sector estratégico y sensible para España

Esta privatización de Telefónica y otras empresas no excluye que las compañías de telecomunicaciones se sigan considerando como un sector estratégico en España y en la Unión Europea. Con el inicio de la pandemia en 2020, se procedió en España, al igual que en otros países de la Unión Europea, a un reforzamiento de la normativa de inversiones exteriores, con el fin de proteger a empresas nacionales estratégicas, llevar a cabo un mayor control de las inversiones extranjeras y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica.

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La adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de STC Group se divide en dos: por un lado, un 4,9% de acciones representativas del capital social; por otro lado, instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de la compañía. De acuerdo con el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, la operación de STC sobre Telefónica no requeriría de autorización por el Gobierno de España, al hallarse por debajo del 10% del capital social. No obstante, este precepto resulta superado por otros tanto de la propia Ley 19/2003 (artículo 7), que prevé la autorización para inversiones en el ámbito de la defensa nacional, como del Real Decreto 571/2023, según el cual, si las actividades están directamente relacionadas con la defensa, capacidades industriales y áreas de conocimiento para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas, el umbral a partir del cual se activa la evaluación de la inversión extranjera ya no es del 10%, sino del 5%. La vinculación del STC Group a un fondo soberano donde se financian activos de defensa, y el porfolio de servicios de Telefónica con el Ministerio de Defensa en materia de ciberseguridad, fibra y comunicaciones hacen que el Gobierno pueda intervenir. 

Ahora bien, el sector de las telecomunicaciones no es solo un activo estratégico por los servicios que ofrece al ecosistema de seguridad. También es un sector sensible para la garantía de los servicios esenciales en un Estado del bienestar, como son los hospitales, las escuelas, los servicios de emergencia o la asistencia a personas mayores. De ahí, que la propia Estrategia de Seguridad Nacional de España, revisada en 2021, incluya las capacidades tecnológicas e industriales como el segundo de sus tres objetivos fundamentales. Para desarrollar estas capacidades nacionales, se necesita una planificación estratégica integral, donde se disponga de un catálogo de recursos, planes de preparación, un sistema de alerta temprana basado en indicadores y la integración de la información de Seguridad Nacional.



Ya en febrero de 2023, el Grupo STC y Telefónica firmaban un acuerdo estratégico de colaboración, por el que el grupo saudí se convertía en miembro del Partners Program de Telefónica, de la que forman parte otros operadores de telecomunicaciones líderes y que cubre más de 65 mercados en Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia. 

España no es una excepción. El papel geopolítico de las empresas de telecomunicaciones explica por qué STC Group, que apenas tenía presencia en Europa, en los últimos años esté diversificando sus negocios en países como Bulgaria, Croacia y Eslovenia, donde ha adquirido activos de torres de telecomunicaciones. 

Esta estrategia de internacionalización no es únicamente empresarial. También se vincula con la Visión 2030, un programa gubernamental lanzado por Arabia Saudí que busca diversificarse económica, política y socialmente, más allá de las exportaciones de petróleo, de las que todavía es dependiente y que nutre casi el 75% de su presupuesto nacional.

Implicaciones para la autonomía estratégica de la Unión Europea

El sector de las telecomunicaciones es un área que proteger, pero también que promover, para garantizar la autonomía estratégica de la Unión Europea frente a vulnerabilidades externas, crisis en las cadenas de suministro y dependencias que generen un riesgo elevado. La Unión Europea se marcó como objetivo disponer de 10.000 nodos de borde para 2030 en su Programa para la Década Digital. Este objetivo está todavía lejos de la realidad. 

El mandato de la Comisión Europea, que termina en menos de un año, se lanzó en 2019 indicando que sería una “Comisión geopolítica”. Más allá de los resultados obtenidos, donde sí se ha establecido una larga serie de iniciativas de cooperación con terceros países en el ámbito tecnológico -véase el Consejo de Comercio y Tecnología con Estados Unidos, y ahora con India; la Alianza Digital con América Latina y Caribe, o los Acuerdos de Cooperación Digital con Corea, Japón y Singapur-, lo cierto es que la realidad del mercado interior es todavía a geometría variable.

La cotización bursátil de las empresas europeas de telecomunicaciones ha caído un 45% desde 2015, frente a subidas superiores al 22% en empresas de medios de comunicación, o a caídas, menores, como la del sector bancario europeo, que ha declinado en un 18%, menos de la mitad que las empresas de telecomunicaciones. A ello se une la necesidad de incrementar el volumen, velocidad y capacidad de las infraestructuras de telecomunicaciones. 
 
Además, la situación de las empresas europeas es particular y dista de otras realidades, como la estadounidense, donde la cotización de las principales firmas cayó prácticamente la mitad, un 26%. 
 
Para que la Unión Europea consiga sus objetivos de transformación digital, se necesitan explorar propuestas vinculadas a hacer de la Unión un ente autónomo estratégicamente. Esto pasa por varios pilares.

Primero, es necesaria una reforma de la normativa aplicable de la UE al sector de las telecomunicaciones, originaria de los años noventa y que busca garantizar la competencia en precios, pero no en fomentar la realización de todas las inversiones necesarias en los próximos años. En segundo lugar, es necesario un cambio de paradigma, pasando del principio de “al menos 4 empresas de telecomunicaciones por Estado miembro” a una concentración del sector para garantizar una mayor escalabilidad de la competencia. No se trata de dañar la competencia, pero sí de poner freno a la hipercompetencia, que tan lesiva está resultando financieramente para las empresas europeas de telecomunicaciones. Tercero, las reglas de ayudas del Estado necesitan adaptarse a la realidad actual, que además viene interpelada por una creciente serie de iniciativas como los IPCEIs -o Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, similares a los PERTEs españoles-, las Alianzas Industriales Europeas o los Joint Undertakings. 

Pero no todo es la financiación y la política industrial. Lo político importa. Se necesita una mayor coordinación entre los Estados miembros en lo que se refiere a las implicaciones del sector de las telecomunicaciones para la seguridad europea y la resiliencia de infraestructuras críticas y servicios esenciales. Ni todos los Estados miembros tienen el mismo interés ni preocupación en el tema -ya que muchos no disponen de empresas estratégicas nacionales de este sector-, ni todos aquellos que sí lo tienen comparten la misma visión sobre qué puntos de vulnerabilidad pueden tener. 

De ahí que la Unión Europea lanzara en julio su propuesta de Estrategia de Seguridad Económica, donde busca realizar una evaluación de riesgos en cuatro áreas -la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad física y cibernética de infraestructuras críticas, los riesgos derivados de la seguridad tecnológica y la fuga tecnológica, y la instrumentalización de las dependencias económicas y la coerción económica extranjera-, todas ellas relacionadas con los activos, procesos, relaciones y servicios que el sector europeo de telecomunicaciones ofrece. Para ello, un foco importante de esta propuesta es la de desarrollar una hoja de ruta conjunta, armonizada y cohesionada entre todos y cada uno de los Estados miembros sobre los riesgos, estableciendo una lista de tecnologías que sean críticas de mutuo acuerdo, revisando el reglamento de control de inversiones extranjeras directas, y mejorando la capacidad de análisis de inteligencia de la UE (SIAC) para detectar posibles amenazas a la seguridad económica de la UE.

El sector de las telecomunicaciones es un activo fundamental para la Unión Europea y España. Por ello, las necesidades económicas y de seguridad sean igualmente importantes. Trabajar por cuidar de este sector no es excluir a otros; es proteger y fomentar la sostenibilidad económica y social.