En otoño de 2022, la victoria electoral de la coalición de centro-derecha liderada por los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y la posterior formación de su gobierno causaron escepticismo y recelo entre los comentaristas internacionales. Las preocupaciones no sólo se debían a que se trataba de la primera administración en la historia de la Italia de posguerra cuyo socio mayoritario, el FdI, hunde sus raíces en la tradición posfascista; más concretamente, la inclusión en la coalición de partidos como Lega (Liga), de Matteo Salvini, y Forza Italia (Vamos Italia), de Silvio Berlusconi, que habían mantenido relaciones políticas y personales con la Rusia de Vladímir Putin antes de la invasión de Ucrania, suscitó dudas sobre la continuidad del apoyo de Italia a Kiev y a la coalición occidental. En realidad, Meloni ya había expresado en repetidas ocasiones durante la campaña electoral sus firmes opiniones atlantistas y proucranianas y, aparte de algunos comentarios desafortunados de personas concretas, el nuevo Gobierno ha mantenido sin ambigüedades esta postura desde su toma de posesión, como lo demuestra la visita de la primera ministra a Kiev en febrero y a Washington en julio de 2023.

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Las relaciones con la Unión Europea y los socios europeos presentan un panorama más complejo. Históricamente, en el periodo de posguerra, la integración europea ha sido una dimensión crucial de la política exterior italiana, junto con el atlantismo y el fuerte apoyo al multilateralismo. Roma fue una de las fundadoras de las comunidades europeas, y tanto los partidos gobernantes como los de la oposición consideraron durante mucho tiempo que la integración europea era clave para la modernización económica, cultural y social de Italia. Sin embargo, a partir de la década de 1990 empezaron a surgir críticas al proyecto europeo en Italia, especialmente entre los nuevos partidos de centro-derecha, que desarrollaron un enfoque denominado "eurorrealista" cuando estaban en el gobierno, según el cual el interés nacional de Italia no coincidiría necesariamente con una integración europea más profunda. El euroescepticismo se hizo más evidente desde las "crisis" de la eurozona y de la migración de la década de 2010, lo que llevó a la aparición de las denominadas narrativas "soberanistas" que describían a la UE como un "antagonista", que encontraron resonancia especialmente entre los partidos populistas. Sin embargo, esta narrativa perdió fuerza como consecuencia del nivel de financiación sin precedentes concedido a Italia a través del programa Next Generation EU en respuesta a la pandemia del Covid-19. Tras las elecciones de 2022, la gestión de las relaciones con Europa se convirtió así en una tarea crucial para el recién elegido gobierno italiano.

Meloni, la eurorealista

En este contexto, el enfoque de Meloni sobre Europa se centró en la reivindicación de los "intereses nacionales" de Italia, pero en el marco de la integración europea y con una ambición autodeclarada de desempeñar un papel protagonista. De cara a las elecciones de 2022, el programa electoral del FdI desechó algunos tonos populistas del pasado (especialmente en relación con el euro). En su lugar, se hizo hincapié en la necesidad de que Italia "vuelva a ser protagonista en Europa" y de "relanzar el sistema de integración europea, por una Europa de las patrias, fundada en los intereses de los pueblos". En una línea similar, en su discurso inaugural ante la Cámara de Diputados, Meloni subrayó el deseo de que Italia esté "con la cabeza alta" en Europa y en los demás foros internacionales, "con espíritu constructivo, pero sin subordinación ni complejos de inferioridad". El énfasis en el "interés nacional" iba acompañado del reconocimiento de "un destino común europeo y occidental", así como de la importancia de un diálogo franco en el seno de las instituciones europeas, adoptando un enfoque "pragmático". De hecho, el primer viaje de Meloni fuera de Italia como primera ministro italiano fue a Bruselas.

En sus primeros meses de gobierno, la administración Meloni adoptó una postura eurorealista en línea con la de los anteriores gobiernos de centro-derecha de principios de la década de 2000. Aunque expresó una clara preferencia por una visión intergubernamental de Europa, el gobierno italiano actuó en el marco de las normas y la gobernanza de la UE. Meloni intentó exponer, con resultados desiguales, el punto de vista italiano sobre las principales cuestiones debatidas en los foros europeos, desde la energía hasta la migración. En cuanto a la política económica, a pesar de algunas medidas polémicas, la ley presupuestaria de 2023 cumplió en su conjunto las expectativas de Bruselas. La gestión de los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y las reformas relacionadas fue, en cambio, más problemática, marcada por la lentitud en la aplicación, los retrasos y las posteriores peticiones de revisión por parte del Gobierno italiano. 

Migración y economía: oscuros nubarrones por delante

Un año después de la llegada del gobierno de Giorgia Meloni, oscuros nubarrones se ciernen sobre el horizonte de las relaciones Italia-UE. En el ámbito de la política, Roma se enfrenta a retos cada vez mayores, aunque a menudo se hayan ocultado, menospreciado o incluso negado en los últimos meses. Esto es especialmente cierto en dos ámbitos clave: la migración y la economía. En cuanto a la migración, mientras se disparaban las llegadas no autorizadas a Italia a través de la ruta del Mediterráneo Central, en junio, Meloni intentó poner buena cara al declarar que Europa estaba abordando finalmente la dimensión exterior de la migración, lo que según ella había sido "impensable" anteriormente. Sin embargo, como muestra el acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía en 2016 en plena "crisis migratoria", en realidad no hay nada nuevo en este enfoque. Desde hace muchos años, la Unión ha fracasado sistemáticamente a la hora de abordar la cuestión migratoria de forma holística -es decir, considerando conjuntamente las dimensiones interna, externa y de gestión de fronteras- y, en su lugar, ha intentado trasladar la responsabilidad a los países de origen y tránsito a través de un enfoque transaccional -en el que se pide a estos últimos que mantengan, readmitan o repatríen a los migrantes a cambio de apoyo económico-. Los acuerdos alcanzados sobre el papel, sin embargo, sirven de muy poco cuando las contrapartes no los aplican debidamente. El memorando de entendimiento entre la UE y Túnez firmado en medio de un gran optimismo el 16 de julio parece ser un ejemplo de ello: las llegadas del país norteafricano a Italia aumentaron casi un 60% en las ocho semanas posteriores al acuerdo, mientras que a un grupo de miembros del Parlamento Europeo que quería supervisar la situación en el país se le denegó recientemente la entrada. La realidad es que Meloni se centra en la dimensión exterior de las políticas migratorias de la UE porque, mientras los flujos migratorios aumentan bajo su Gobierno, Italia no ha conseguido hasta ahora nada en la dimensión interior. Esto es cierto incluso para el anodino acuerdo sobre el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo alcanzado en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior a principios de junio, que -a pesar de los fallidos esfuerzos de mediación de Meloni- ha contado con la férrea oposición de sus supuestos aliados en Polonia y Hungría.



Si el Gobierno italiano ya ha fracasado en política migratoria, el área clave de la política económica también parece cada vez más problemática. Al tener muy poco margen de maniobra fiscal, Italia no puede beneficiarse de ninguna relajación de las normas sobre ayudas estatales; de ahí que Roma apoyara la creación de un nuevo fondo europeo de soberanía como eje de una política industrial a escala de la UE. Sin embargo, muchos Estados miembros se muestran escépticos, y los aparentes problemas de Italia para gastar los fondos de la UE de la próxima generación son un buen argumento en contra. De hecho, por el momento, las ambiciones de un nuevo fondo se han reducido drásticamente, estableciéndose en su lugar una "plataforma" sobre tecnologías estratégicas. A esto se añaden los dilemas en la negociación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alemania, en particular, está dando largas a la propuesta de la Comisión Europea, que beneficiaría significativamente a Italia al aportar mayor flexibilidad a las antiguas normas. De hecho, la prioridad de Italia debería ser la creación de un frente común en la línea de la propuesta de la Comisión, que bien podría incluir a Estados miembros como España y Francia. Pero algunas posturas del Gobierno italiano están debilitando, en cambio, la credibilidad y la fuerza negociadora de Italia: hasta ahora, ha sido incapaz de componer una disputa interna sobre la ratificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ya ratificado por todos los demás Estados de la eurozona), mientras que su campaña a favor de excluir ciertos tipos de inversión pública de los objetivos de déficit de la UE tiene pocas probabilidades de éxito. Existe un riesgo real de que, al final, el nuevo Pacto esté muy por debajo de las expectativas y necesidades italianas.

El verdadero interés nacional de Italia: una Europa más fuerte

Es muy probable que en los próximos meses Meloni intensifique sus esfuerzos por preparar el terreno para un cambio de mayoría a nivel europeo tras las elecciones de junio de 2024, trabajando por una coalición que incluya a las fuerzas conservadoras y nacionalistas. Sin embargo, la cohesión política de una alianza supranacional entre movimientos, líderes y gobiernos cuya consigna es la reivindicación de sus respectivos intereses nacionales "ante todo" se vería probablemente puesta a prueba una y otra vez. Incluso a nivel nacional, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene, Meloni se enfrenta ahora a una oposición cada vez mayor desde dentro de su propio Gobierno, empujada a disputar una carrera populista-nacionalista a Matteo Salvini. Independientemente de las afinidades que los conservadores y los nacionalistas europeos puedan encontrar en el ámbito de los valores, la medida en que serían capaces de encontrar un terreno común en cuestiones relativas, entre otras, a la migración -como ya se ha evidenciado en los últimos meses- o a la gobernanza económica parece, como mínimo, incierta.

Ahí está el problema: un contexto internacional desgarrado por múltiples crisis y una competencia creciente, aun suponiendo que se siga la lógica de la mera protección del interés nacional, para un país como Italia -con la segunda mayor deuda pública en relación con el PIB de la Unión Europea y la mayor tasa de dependencia de la tercera edad de todos los Estados miembros de la UE - la prioridad debería ser seguir promoviendo la integración europea, haciendo avanzar las demandas italianas de forma franca y constructiva en los foros e instituciones reforzados de la UE. Las ambiciones nacionales deben confrontarse siempre con las realidades internacionales. Una sobrestimación de los propios medios, cualquier intento de diluir el sistema de gobernanza supranacional o el resurgimiento de una actitud de confrontación perjudicarían no sólo al proyecto europeo, sino ante todo a Italia.