Con la cumbre de la Agencia Internacional de la Energía sobre Clima y energía (AIE) que se celebra actualmente en Madrid y poco antes de la COP 28, debe surgir una gran coalición capaz de hacer lo que no se ha realizado hasta hoy: una descarbonización radical para mantener nuestro planeta habitable y evitar lo que el economista David Lizoain ha llamado un “genocidio climático”.

Las consecuencias de la emergencia climática son cada vez peores. En lo que va de año, solo en España hemos vivido una sequía histórica, temperaturas extremas e incendios que baten todos los registros e inundaciones. El Mediterraneo ha vivido un huracán que acabó con las vidas de más de 11.000 personas en Libia. Canadá ardió a principios de este verano con un incendió que arrasó un terreno equivalente a la suma de Andalucía y Portugal y ha emitido más gases de efectos de invernadero de los que emite Brasil en un año.  Son sólo los primeros síntomas, porque la comunidad científica internacional avanza una cifra terrible: estima en unos 1000 millones de muertes las que provocará el calentamiento global de aquí a 2100, si los líderes políticos siguen la senda de inacción climática.

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Como ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "la humanidad ha abierto las puertas del infierno" y es cada vez más evidente la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles con la urgencia que reclama a gritos la gravedad de la crisis. La última hoja de ruta de la Agencia Internacional de la Energía, publicada esta semana, define un camino claro hacia las emisiones netas cero. 

El diagnóstico de la Agencia Internacional de la Energía

La mayoría de los gobiernos no fomentan el cambio. Al contrario, las subvenciones públicas incentivan las inversiones a corto plazo, alejándonos de la sostenibilidad económica a largo plazo y de la reducción drástica del consumo de energía. 

España ha avanzado considerablemente su objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2050 pero debe todavía avanzar a pasos agigantados en la construcción de un modelo energético ecológico y socialmente más justo y democrático. En 2023, las energías renovables podrían alcanzar el 50% de la generación anual de electricidad. Sin embargo, la combinación energética total de España sigue estando muy dominada por los combustibles fósiles. Según la AIE, los sectores del transporte, la industria y los edificios tienen mucho trabajo por delante para alcanzar los objetivos de descarbonización del país.

A nivel internacional, las políticas permisivas y las subvenciones irresponsables desafían la lógica. El Director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, es inequívoco: la demanda mundial de petróleo y gas alcanzará su punto máximo esta década. La industria se enfrenta a una fecha de caducidad. Es absurdo y peligroso proteger a las empresas de esta realidad y a su vez permitir que esas empresas retrasen políticas nacionales de transición energética justa necesarias para cuidar a los trabajadores y las comunidades. Y, sin embargo, eso es lo que han estado haciendo la mayoría de los gobiernos, incluso en Europa.   



Corresponde a los líderes mundiales obligar a las compañías de petróleo y gas a dejar de anteponer los beneficios a corto plazo a las personas. El informe publicado por la AIE traza una línea firme entre dónde estamos y dónde debemos estar y para que la humanidad pueda sobrevivir. 

Objetivos fundamentados por la ciencia

Los gobiernos deben asumir compromisos ambiciosos y fundamentados científicamente, teniendo en cuenta la equidad con todos los países, lo que significa primero detener inmediatamente todas las nuevas prospecciones de petróleo y gas, la producción y la construcción de nuevas infraestructuras. Esto no se conseguirá sin fijar fechas definitivas de finalización de la producción de petróleo y gas existente, reflejando las diferentes circunstancias nacionales y dando prioridad a una transición justa hacia energías limpias.

Es necesario añadir 1,5 teravatios nuevos de energía eólica y solar cada año hasta 2030, y triplicar las inversiones en energías renovables en general; impulsar el uso más eficiente y justo de la energía, e incentivar el avance hacia una economía circular. Para construir una justicia climática real, se tendrán que aumentar los flujos de financiación hacia el Sur Global para el desarrollo eólico y solar y también las reparaciones climáticas para garantizar una transición justa para los trabajadores y las comunidades, con financiación pública del Norte Global.

Política y democracia ambiental para cambiar de rumbo

Allí donde haya voluntad política, habrá un camino: la Iniciativa Bridgetown de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, apoyada por el francés Emmanuel Macron, busca activamente reestructurar los sistemas financieros mundiales para hacer frente a la embestida climática como comunidad global. Durante una cumbre de líderes amazónicos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, retó a sus pares a poner fin a las nuevas exploraciones de petróleo y gas en la región y a liderar una transición energética justa. Días después, el pueblo de Ecuador votó a favor de detener las prospecciones petrolíferas en el Parque Nacional Yasuní. Se trata de un hito histórico en la acción climática a nivel internacional que se tiene que defender para demostrar que la democracia representativa fortalecida por la participación ciudadana puede lograr resultados de primera importancia y emanciparse del poder de los lobbies del petróleo. Estas iniciativas muestran un atisbo de lo que es posible y necesario. 

Una transición justa encierra la promesa de una energía limpia, segura y sostenible y de una democracia climática real. Sólo podremos evitar los efectos catastróficos del calentamiento por encima de 1,5 °C si nos liberamos de los combustibles fósiles y del sobreconsumo desbordado. Los gobiernos ya no pueden permitirse apuntalar una industria que caduca si queremos preservar un futuro habitable, y ese futuro que es incompatible con el uso de combustibles fósiles. Si paramos ahora a los criminales del carbono, no habrá genocidio climático.