La adquisición de una participación en Telefónica por el gigante saudí de las telecomunicaciones STC (cuya capitalización bursátil de 48.000 millones de euros duplica la del operador español) ha reavivado el debate sobre la propiedad extranjera de los llamados activos “críticos” (es decir, esenciales para la independencia económica de un Estado) y estratégicos. STC está controlada en un 64% por el fondo soberano de Arabia Saudí (véase más abajo), y ha adquirido el 4,9% del capital de Telefónica, más otro 5% en forma de derivados convertibles en acciones (lo que da una participación teórica tras la conversión de los derivados del 9,9% del capital de Telefónica). Aunque el umbral para el control nacional de una participación extranjera está fijado en el 10%, algunas de las actividades de Telefónica están relacionadas con la defensa (especialmente en el ámbito de la ciberseguridad), lo que matiza el carácter estratégico de la operación iniciada por STC y la sitúa en el ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre control de inversiones extranjeras (artículo 7 bis de la Ley 19/2003 y Real Decreto 571/2023). A este respecto, la Comisión Europea acaba de adoptar una recomendación en la que define las tecnologías “críticas” que deben ser objeto de una mayor vigilancia por parte de los Estados miembros, incluidas las llamadas tecnologías de “doble uso” (es decir, para uso civil y militar), y la ciberseguridad está incluida en esta definición.

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El debate sobre la inversión extranjera en activos críticos plantea la cuestión de la soberanía industrial y tecnológica, y ha sido particularmente agudo en Europa desde 2017 y las cuestiones que rodean el uso de la infraestructura 5G de Huawei, introduciendo una brecha entre los distintos países de la UE y también ilustrando los intereses divergentes de algunos frente a Pekín. Estos debates se exacerbaron después durante la crisis de Covid, que ilustró los problemas de coordinación en el seno de la UE y de seguridad de los suministros.

Desde entonces, este debate ha dado lugar a tres respuestas, tanto a nivel nacional como de la UE (España preside el Consejo desde julio):

1. Una vuelta a las políticas industriales discrecionales, con un apoyo más abierto a los campeones industriales nacionales, el uso de planes de apoyo sectoriales (incluidos los PERTES) y una mayor flexibilidad en el régimen de ayudas estatales (con, por ejemplo, EPCIE, que permiten que permite conceder ayudas estatales a las empresas en determinadas condiciones, poniendo fin a la antigua tradición quisquillosa de la legislación de competencia de la UE).
2. El fomento de medidas de defensa del mercado común y de las tecnologías de la UE (establecimiento de un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros que facilite, en particular, los intercambios de información con el Reglamento UE 219/452, introducción de un procedimiento de notificación que implique una contribución financiera de terceros países y para los contratos públicos que se hayan beneficiado de dicha contribución con el Reglamento UE 2022/2560). Al mismo tiempo, el proyecto de “Ley de Industria Neta Cero” prevé el apoyo a las tecnologías europeas de descarbonización, mientras que el proyecto de “Ley de Materias Primas Críticas” establece objetivos para la extracción y el refinado de materias primas dentro de la UE.
3. El surgimiento de una doctrina de autonomía estratégica de la UE, que ha cobrado impulso político desde el manifiesto franco-alemán para revisar la política industrial de la UE tras el rechazo de la fusión Alstom-Siemens en 2019.

El desafío a un orden económico internacional dominado por Occidente (real o imaginario), cuya manifestación más espectacular siguen siendo las pretensiones mundiales de China, se extiende sin embargo a nuevos candidatos, en particular en Oriente Medio.

La llegada al poder de Mohammed bin Salmane (apodado “MBS”) en junio de 2017 coincidió rápidamente con una reorientación de la estrategia económica de Arabia Saudí y la afirmación de ambiciones globales, en favor de una diversificación más amplia de las actividades del país para alejarse de la economía de renta, ante la urgente disminución de las reservas de hidrocarburos (en 2011, Venezuela superó a Arabia Saudí en reservas probadas de petróleo) y el aumento de las inversiones internacionales en programas de descarbonización.

La estrategia “Visión 2030”, lanzada en 2016 y que supone, en palabras del propio MBS, “convertir Oriente Medio en la nueva Europa”, refleja este deseo. Su objetivo es reducir el empleo en el sector público mediante la creación de nuevos puestos de trabajo, en particular para los jóvenes, desarrollar el turismo a través de ambiciosos proyectos urbanísticos (ciudad del futuro “NEOM” en el Mar Rojo), invertir en soft power y en las industrias del entretenimiento para mejorar la imagen moderna del país (adquisición del club de fútbol Newcastle, que juega en la Premier League, participaciones mayoritarias en 4 equipos de fútbol de la liga nacional y una política agresiva de adquisición de jugadores de talla mundial durante el último mercado con el objetivo de organizar la Copa Mundial de la FIFA 2030 o 2034; inversión en la industria de los videojuegos con participaciones en Nintendo, y los editores Blizzard y Electronic Arts); y por último, apoyo al ascenso tecnológico del país, en particular para prepararse para la era post-petróleo (inversión en el fabricante californiano de vehículos eléctricos Lucid).

La punta de lanza de este neocapitalismo de estado es el fondo soberano local, el “Public Investment Fund” (PIF), creado en 1971 y cuya gobernanza se ha reformado gradualmente desde 2014 para permitirle invertir más en el extranjero. El objetivo es aumentar los activos gestionados del fondo hasta los 2.000 billones de dólares en 2030 (actualmente tiene 761.000 millones), lo que lo convertiría en el mayor del mundo. Para dotarse de los medios necesarios para lograrlo, el nuevo Príncipe transfirió en abril de 2023 una participación de 80.000 millones de dólares del fondo a la petrolera estatal Aramco.

Las reacciones, a veces de pánico, a la adquisición saudí de Telefónica en la escena nacional merecen, sin embargo, ser matizadas en cuanto a la realidad de los intereses de Riad en la península. Como suele ocurrir, lo mejor es mirar las cifras. Nuestro análisis, basado en datos brutos de PitchBook, nos lleva a las siguientes conclusiones:

Lección nº 1: El capital procedente de Oriente Medio ha penetrado en España sólo moderadamente en comparación con otros países europeos. España representa el 4,7% de la inversión de Oriente Medio en Europa en el periodo 2012-2023 (incluyendo la operación de Telefónica), con algo más de 18.000 millones de euros invertidos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.

Esta cifra es muy inferior a la del Reino Unido (27,3%) y Alemania (21,2%). No obstante, supera a Francia (3,8%) e Italia (2,8%).

Lección nº 2: Los flujos de inversión procedentes de Oriente Medio han sido relativamente erráticos en la última década, lo que tiende a debilitar la idea de que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y a dar crédito, por el contrario, al hecho de que el capital de Oriente Medio se ha asignado de forma oportunista, en función de oportunidades puntuales. Por ejemplo, 2019 fue un año pico, con 6.200 millones de euros invertidos, frente a solo 317 millones de euros el año anterior, para volver a caer a 331 millones de euros el año siguiente. Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.

Este es particularmente el caso de la operación Telefónica, con STC buscando sinergias industriales (a principios de 2023 se firmó una asociación con Telefónica en ciberseguridad y el cloud), así como relevos de crecimiento fuera de su mercado nacional, siguiendo el ejemplo de su rival emiratí e& (ex-Etisalat), que también está controlada en un 60% por el fondo soberano Emirates Investment Authority, y que posee una participación del 14,2% en el operador británico Vodafone desde mayo de 2022. La inversión de Oriente Medio en España también está muy concentrada geográficamente en 3 grandes ciudades: Barcelona (44% de las inversiones nacionales de países de Oriente Medio), Madrid (23%) y Bilbao (15%), que son, como es lógico, grandes centros industriales nacionales, con exclusión de Valencia, sorprendentemente poco afectada por el capital de Oriente Medio (solo el 0,9% de las inversiones nacionales de países de Oriente Medio). Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.

Lección nº 3: Para matizar el carácter oportunista de estas inversiones, cabe señalar, no obstante, que los capitales procedentes de Oriente Medio se destinan a industrias cuyas actividades pueden considerarse estratégicas y/o críticas para los gobiernos. Por ejemplo, entre 2012 y 2023, el 46% de las inversiones procedentes de Oriente Medio se dirigieron a proveedores de servicios de telecomunicaciones, y el 21% a empresas del sector energético (el 14,7% a servicios de gas, el 3,6% a empresas de producción de energía y el 2,9% a infraestructuras energéticas). Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.

Lección nº 4: Arabia Saudí sigue siendo solo un actor emergente entre los inversores de Oriente Medio activos en España, con solo 8 inversiones realizadas en la península en el periodo 2012-2023 (para 3 inversiones aún activas, entre ellas Telefónica) frente a las 114 de su vecino Emiratos (de las que 44 siguen activas). Esta observación no prejuzga el futuro lugar de las inversiones de este país, cuya reforma del fondo soberano “PIF” debería coincidir con una intensificación de sus futuras inversiones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.

Lección nº 5: La publicidad dada al Public Investment Fund Saudí y su reciente activismo han hecho mucho por sugerir el auge de los fondos soberanos. Aunque los fondos soberanos se encuentran entre los inversores más activos en la península, ya que participan en 48 de las 232 operaciones con origen en Oriente Medio realizadas en España entre 2012 y 2023, siguen siendo menos activos que los inversores de capital riesgo (91 de 232 inversiones). No obstante, algunos fondos soberanos de Oriente Medio pueden haber participado en operaciones de capital riesgo, lo que refleja una diversificación de sus actividades y, simétricamente, difumina la distinción entre las distintas clases de activos. Por ejemplo, uno de los fondos soberanos emiratíes, Mubadala Investment Company, participó en una ronda de financiación del unicornio Glovo, con sede en Barcelona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos brutos de PitchBook, Inc.