Por primera vez desde 2015, el partido Ley y Justicia (PiS) podría haber perdido el gobierno polaco. En la mañana del lunes, y con gran parte del escrutinio por realizarse en unas elecciones parlamentarias con récord de participación, todo apunta a que la oposición democrática, liderada por Donald Tusk, podría formar gobierno. Según los primeros datos, los tres partidos de la oposición – la Plataforma Cívica de Tusk, Tercera Vía, y la Izquierda – podrían sumar 248 escaños, obteniendo la mayoría absoluta de una cámara baja (el Sejm) compuesta por 460 diputados. Ley y Justicia y sus aliados parlamentarios, por otra parte, solo obtendrían 212 diputados. 

La formación del nuevo gobierno no será inmediata. Lo más probable es que Ley y Justicia, como fuerza más votada, reciba el primer encargo para formar gobierno. De no lograrlo, le tocaría a la alianza de Donald Tusk en un proceso de investidura que podría alargarse hasta enero. Sin embargo, de confirmarse los resultados de anoche, las elecciones tendrán consecuencias más allá de Polonia; supondrán, en otras palabras, un cambio de paradigma en la política europea.

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En primer lugar, una victoria de Tusk podría propiciar el principio del fin de la crisis del Estado de derecho en Polonia. Desde el año 2015, los sucesivos gobiernos de Ley y Justicia habían llevado a cabo una serie de reformas para consolidar su control sobre las instituciones del país. Las más controvertidas fueron las sucesivas reformas judiciales, que dieron lugar a un choque frontal con la Comisión Europea, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Dicho conflicto alcanzó su clímax entre 2021 y en 2022, con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que sacudió los cimientos del orden constitucional comunitario y con la Comisión Europea amenazando con congelar la partida polaca del fondo de recuperación – unos 35 mil millones de euros – si no se modificaban las principales regresiones democráticas del país. 

A lo largo de la campaña, los tres partidos de la oposición habían prometido reconducir las relaciones con Bruselas y restaurar la independencia judicial en su país. Sin embargo, llevar a cabo estas contrarreformas no será fácil. Por una parte, dichos intentos podrían toparse con la oposición del presidente de la República. En el sistema político polaco, el presidente juega un papel fundamental: entre otras funciones, puede dilatar el proceso de investidura, vetar leyes y referir proyectos de ley al TC. Desde su elección en 2015, Andrej Duda no ha dudado en usar su cargo para avanzar las causas de Ley y Justicia, sancionando sus reformas más polémicas y utilizando el TC para facilitar la acción de gobierno de su partido. Precisamente el TC – copado por aliados del actual gobierno, con una clara misión partidista, e inmerso en una cruzada contra la UE y el Consejo de Europa – podría suponer el mayor obstáculo para cualquier reforma judicial, dilatando e incluso tumbando los proyectos de ley presentados por el nuevo ejecutivo. Y sin embargo, si algo une a los tres partidos que podrían integrar el próximo gobierno es la necesidad de frenar la deriva iliberal de su país. Una victoria de Tusk podría marcar, por lo tanto, un punto de inflexión en la crisis del Estado de derecho que la Unión Europea atraviesa desde el año 2010.

Una derrota de Ley y Justicia también tendrá consecuencias políticas en el Consejo Europeo. Por una parte, debilitará el llamado Grupo de Visegrado, la alianza entre Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia que desempeñó un papel fundamental en Bruselas entre los años 2015 y 2017. Si en los últimos años, el bloque de Visegrado había vivido una debilitación progresiva, quedando reducido a una alianza iliberal entre Varsovia y Budapest, los resultados de anoche dejan tocado a un Orbán que se quedaría sin su principal aliado político. Esto podría dar lugar, incluso, a la activación del mecanismo sancionador contenido en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que contempla la suspensión de los derechos derivados de los tratados europeos, incluido el derecho al voto, si el Consejo, por unanimidad, constata “la existencia de una violación grave y persistente” de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE: democracia, libertad, y Estado de derecho. Aunque la reciente victoria del populista Robert Fico en Eslovaquia parecía proporcionar un nuevo aliado a Orbán, la derrota de Ley y Justicia cambia el panorama. Un veto por parte Eslovaquia, la decimoctava economía de la UE, sería mucho más fácil de sortear que el de Polonia, la sexta economía de la Unión y un país fundamental en la gobernanza europea.



A su vez, un gobierno liderado por Tusk podría fortalecer la triple alianza entre populares, socialistas y liberales, frenando a su vez el crecimiento de los Conservadores y Reformistas Europeos, el partido de Giorgia Meloni y de Ley y Justicia. En los últimos meses, el acercamiento del Partido Popular Europeo a los Conservadores y Reformistas había resquebrajado el tripartito. Un cambio de gobierno en Polonia podría tener dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, supondría un soplo de aire fresco para los populares, que hasta ahora no gobernaban en ninguna de las cinco grandes capitales europeas: Berlín, París, Madrid, Roma y Varsovia. También podría propiciar un nuevo acercamiento entre los tres grandes partidos políticos europeo. El perfil de Donald Tusk, un demócrata liberal y un europeísta clásico, es radicalmente distinto al del alemán Manfred Weber, el principal partidario de la derechización de los populares; y el conservadurismo que representa tiene mucho más en común con la ortodoxia europea que encarnan Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Emmanuel Macron o Pedro Sánchez que con el nacionalpopulismo de Meloni, de Weber, o de Mateusz Morawiecki.

Por último, un cambio de gobierno podría desbloquear algunos de los asuntos más delicados a los que se enfrenta la Unión. Por una parte, podría fortalecer el apoyo de Polonia hacia Ucrania, que había quedado en entredicho a medida que se acercaban las elecciones y que el gobierno de Morawiecki, temiendo perder el voto rural, adoptaba posiciones cada vez más duras hacia Ucrania. Con la caída de Ley y Justicia, la UE también pierde a uno de los gobiernos más opuestos a la agenda verde, un asunto que amenazaba con verse inmerso en las guerras culturales importadas de los Estados Unidos.

Las elecciones polacas se presentaban como las más importantes desde 1989. Para muchos analistas, la democracia polaca se encontraba ante un match ball. La victoria de la oposición no solo es una buena noticia en si misma: también muestra que los procesos de regresión democrática no son irreversibles si se dan tres condiciones. En primer lugar, unas instituciones fuertes: las polacas lo han sido, mucho más que las húngaras. En segundo lugar, una oposición democrática que entienda cómo disputar el marco político al gobierno: de nuevo, la coalición liderada por Tusk aprendió de los errores cometidos por la oposición húngara en 2022. En tercer lugar, una sociedad civil consciente de la gravedad de la situación a la que se enfrenta: la movilización electoral, sobre todo entre los jóvenes, podría haber sido clave para propiciar un cambio de gobierno en Varsovia.

El resultado de anoche es una magnífica noticia más allá de Polonia. Lo es para Centroeuropa, cuyo principal integrante ha regresado al mainstream democrático; lo es para la Unión Europea y la OTAN, que recuperan un aliado clave; y lo es para la alianza democrática global, que hoy amanece mucho más fuerte que anoche.