La Unión Europea calienta motores para una gran ampliación del club y todas las instituciones comunitarias analizan ya los cambios necesarios para asimilar la incorporación de nuevos socios. En particular, uno de tanta envergadura como Ucrania, que esta misma semana espera recibir la luz verde preliminar de la Comisión Europea para iniciar en 2024 las negociaciones de adhesión. La presidencia española de la Unión dirige este semestre los debates sobre el futuro del club y sobre reformas tan trascendentales como su ley electoral, con ambos temas en la agenda del Consejo ministerial de la UE del próximo 15 de noviembre. Y el Parlamento Europeo ultima un informe en el que reclama toda una revolución política e institucional para convertir a la UE en una estructura más democrática, ágil y transparente justo a tiempo para la nueva gran ampliación, que podría elevar de 27 hasta 35 el número de miembros de la Unión.

La propia Comisión ha puesto en marcha una revisión, departamento por departamento -del agrícola al presupuestario- sobre las reformas necesarias y tiene previsto presentar sus propuestas a principios del año que viene. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, incluso ha puesto fecha -2030- para concluir la transformación del club y admitir a los nuevos miembros a medida que estén preparados, con Albania, Montenegro y Macedonia del Norte en los primeros puestos de llegada. 

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El Parlamento defiende la necesidad de cambios de gran calado, para lograr la mayor transformación institucional en los 70 años de historia de la Unión. El informe parlamentario, cuya votación en pleno está prevista en noviembre, aboga por superar la peculiar estructura de la Unión (basada en una Comisión independiente, un Parlamento con limitados poderes y un Consejo de supremacía intergubernamental) y dar un salto hacia una configuración de representación bicameral, similar a la vigente en las democracias nacionales. 

No se trata de una mera renovación de fachadas, para mantener intacto el interior del entramado institucional. Se busca un cambio profundo en el reparto de poder dentro de la Unión, con un Parlamento mucho más soberano y una Comisión con un auténtico papel ejecutivo, cercano, por primera vez, al de cualquier gobierno nacional, hasta el punto de que se propone cambiar el nombre del organismo para pasar a denominarlo “Ejecutivo europeo”.

El carácter federalista de la propuesta resulta evidente y coincide con el perfil de buena parte de sus impulsores. Entre los cinco ponentes del informe (uno por cada grupo político del Parlamento que respalda la iniciativa) figura el liberal belga, Guy Verhofstadt, artífice en su día de la Declaración de Laeken (2001) que abrió la senda hacia el primer y fallido intento de establecer una Constitución Europea. 

De manera significativa, los ponentes de los otros cuatro grupos (populares, socialistas, verdes e izquierda) son todos alemanes, lo que indica el interés de Berlín por controlar un proceso que tratará de acompasar la ampliación geográfica del club y la profundización de los lazos internos. 



La también alemana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, está convencida de que ambos desafíos se pueden abordar al mismo tiempo. “Es lo que siempre ha hecho nuestra Unión. Cada oleada de ampliación llegó con una profundización política”, señalaba Von der Leyen el pasado mes de septiembre en el Parlamento Europeo para subrayar que “es tiempo de volver a pensar a lo grande y escribir nuestro propio destino”.

El Parlamento Europeo le ha tomado la palabra a Von der Leyen. Y más allá de los regateos contables sobre el coste de la nueva ampliación o del impacto de los nuevos socios en el reparto de fondos, la Eurocámara aboga por acometer una reestructuración radical en los procedimientos internos del club y en el grado de participación de la ciudadanía en su gestión.

Los vientos bruselenses a favor de un cambio previo a la incorporación de Ucrania y compañía coinciden con los que soplan en Berlín y París. La ampliación se ha convertido en un “imperativo geoestratégico”, señaló el informe franco-alemán publicado a mediados de septiembre sobre las reformas necesarias antes de retomar la expansión hacia el este del continente. 

El documento, elaborado por 12 expertos de ambos países por encargo de los respectivos gobiernos, distingue entre los cambios inmediatos (antes de las elecciones europeas de junio de 2024) y los recomendables a medio plazo (hasta 2030). Entre las reformas urgentes se menciona la clarificación sobre el sistema de elección del próximo presidente de la Comisión Europea, la supresión del derecho de veto en algunas áreas y la agilización del proceso de adhesión.

Y en próxima legislatura (2024-2029) se debería acometer, según el informe, un cambio en el sistema de voto en el Consejo de la UE (para aumentar el peso de los países menos poblados como compensación por la supresión del derecho de veto), un endurecimiento del artículo 7 del Tratado para atajar las derivas autoritarias de algún socio y un aumento de las competencias de la UE.

Algunas novedades serán más tangibles y, previsiblemente, dolorosas que otros. El fin de la presencia en Bruselas de un comisario europeo por país, por ejemplo, se anuncia difícil de digerir. Alemania ya ha indicado que está dispuesta a asumir la renuncia temporal a su puesto en la Comisión. Pero para los países pequeños -que se ven más indefensos en otras instituciones como el Consejo o el Parlamento- la ausencia de un comisario propio será difícil de aceptar La fórmula de compromiso apunta, por ello, a un sistema de rotación similar al aplicado en el Banco Central Europeo, donde todos los países están representados pero se han establecido turnos de voto con un sistema de reparto basado en el peso demográfico y económico de cada Estado.  

El alcance definitivo de las reformas antes de la ampliación es difícil de calcular. Pero la agenda del cambio ya está en marcha y en Bruselas se ha impuesto la tesis de que la UE de mediados de siglo será muy diferente a la actual.