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ANNEGRET HILSE (REUTERS)

Karlsruhe y el fondo climático en Alemania

Miguel Azpitarte

6 mins - 27 de Noviembre de 2023, 07:00

Los hechos que están en el origen de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal son claros. El Gobierno había logrado en el año 2021 una autorización del Parlamento para emitir deuda por valor de 60 mil millones de euros, dinero que habría de destinarse a combatir la covid. Sin embargo, cumplido el año presupuestario y dado que las necesidades económicas producto de la pandemia eran inferiores a las previstas, el Ejecutivo decidió en febrero de 2022, esto es retroactivamente, utilizar esa autorización con la finalidad de nutrir un fondo especial para luchar contra el cambio climático e impulsar la transformación económica (desde ahora el fondo).

El fondo tiene un calado político capital. La coalición Jamaica (socialdemócratas, verdes y liberales) había encontrado en él su razón de ser. La masiva inversión respondía al clásico planteamiento socialdemócrata de impulsar la economía a través de la inversión pública; los liberales aceptaban esta premisa, pues fortalecía la productividad del mercado, en tanto que la empresa privada ejecutaría el fondo; y los verdes habían logrado que los fines de gasto encajaran a la perfección en una lógica medioambiental. Así las cosas, el fondo había conseguido llenar el espacio público con un objetivo claro y comprensible para la ciudadanía. 

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Se entiende así que la oposición del CDU/CSU, perdida la batalla política, tratase de cerrarle el paso en el Tribunal Constitucional. Para ello exigió el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En el tercer punto explicaré que este movimiento abre definitivamente un debate ideológico que trasciende la frontera germana. Pero, antes, detengámonos brevemente en los argumentos de la sentencia

La Ley Fundamental alemana prohíbe el déficit estructural, si bien deja un cierto margen ligado a la evolución del ciclo y, lo que interesa ahora, prevé una excepción en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia. Es el patrón que se ha impuesto en aquellos Estados que, como España, han constitucionalizado estas reglas, siguiendo la directriz que marcó en el año 2012 el Tratado de Gobernanza de la Unión, el cual recomendó que el equilibrio presupuestario debería recogerse en disposiciones «de rango preferentemente constitucional» (no obstante, es importante subrayar que la reforma alemana es del 2009, por tanto, anterior al Tratado, sobre el que influyó de manera evidente). 

Dado este presupuesto normativo, el Tribunal entiende que ha de existir una conexión fáctica entre la emergencia que justificaría la autorización y las medidas para gestionarla. Vinculo que en este caso no se da porque los fines del fondo (cambio climático, transformación económica y digitalización) a nada sirven para combatir la pandemia. 



Además, según el Tribunal, la autorización del crédito extraordinario ha de tener una vigencia vinculada al año presupuestario; vencido este, se tiene que volver a pedir el permiso. No cabe, dice el Tribunal, separar la autorización de emergencia del periodo en el que se gastan los créditos obtenidos. Se daría también la circunstancia de que esa transferencia hacia el futuro provocaría que en los años venideros se superase el déficit permitido. 

Por último, que en el 2022 se transfieran créditos del presupuesto del 2021 incumpliría la obligación constitucional de aprobar el presupuesto antes del comienzo de año. Ciertamente caben complementos de crédito a lo largo del año presupuestario. Pero el Tribunal rechaza que sea posible una vez terminado ese periodo. Si se admitiesen tales modificaciones, el presupuesto perdería su función política de planificar y guiar las finanzas públicas. 

Desde luego, la sentencia supone un límite crucial a la tradicional potestad de dirección de la política económica por parte de la mayoría de gobierno. Y no cabe duda de que, al menos a corto plazo, pone en grave dificultad a la coalición, que debe buscar financiación para su plan estrella. No obstante, la sentencia se ciñe, sin excesos interpretativos, a actualizar los límites constitucionales que los dos grandes partidos alemanes consideraron pertinentes hace algo más de una década. Circunstancia que obliga a abrir el campo de reflexión.
 
El sentido político del fondo va más allá de la coyuntura alemana. De un lado, materializa el mantra del momento, pues los objetivos de gasto son, a grandes rasgos, instrumentos para potenciar nuevas formas de movilidad y suministro energético. De otro, rescata de su ostracismo al axioma de la inversión pública como motor económico. Estos dos elementos suponen una significativa matización al modelo que ha dominado en Alemania desde la reforma Hartz del anterior canciller socialdemócrata Schröder  (1998-2005). Recordemos que, a través de la transformación del mercado de trabajo, logró contener los salarios y así una sustancial ganancia de competitividad. Luego, la gran coalición dirigida por Merkel dio continuidad a la renovada productividad alemana mediante el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera. El éxtasis de esta idea fue de tal magnitud, que terminaría por convertirse en regla constitucional en el año 2009. Y en virtud del peso alemán en la Unión, se tomó como patrón para resolver la crisis del euro. 

Sabemos de sobra el significado de la austeridad: competitividad a cambio de pobreza. La respuesta de la Unión a la pandemia, desplegando un gasto masivo financiado con deuda comunitarizada, cambió el paso, siquiera de manera temporal. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional nos recuerda que los principios políticos del neoliberalismo están anclados en el corazón de nuestros ordenamientos y quien pretenda modificarlos va a necesitar una gran fuerza política. Y este aldabonazo llega justo cuando en la Unión está abierto el debate sobre el modo de mantener el rigor presupuestario sin ahogar la economía. A mi juicio, la discusión es de gran profundidad y por ella pasa, en parte, el único camino para neutralizar la presión de los populismos que ponen en jaque la democracia constitucional.
 
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