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NACHO IZQUIERDO

¿Pueden las comarcas mineras votar a favor de las políticas climáticas?

Diane Bolet, Fergus Green, Mikel González-Eguino

7 mins - 10 de Enero de 2024, 07:00

La cumbre del clima en Dubái ha puesto de manifiesto lo lejos que estamos aún de estar alineados con el Acuerdo de París. Dejar los combustibles fósiles está demostrado ser un gran desafío, no solo técnico y económico, sino también social y político. 

Los beneficios y oportunidades de las políticas climáticas, aunque reales, se perciben como lejanas en el tiempo o inespecíficas, mientras que los costes se visualizan de una forma más clara e inminente en algunos sectores y regiones. Este es el caso de las regiones dedicadas a la minería del carbón que ven peligrar sus empleos. Frente a estas dificultades, ¿pueden los gobiernos desplegar políticas climáticas ambiciosas y obtener el apoyo de los votantes especialmente en las regiones más afectadas? 

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En un estudio reciente que hemos publicado en el American Political Science Review sobre el cierre de la minería de carbón en España mostramos que, bajo ciertas circunstancias, esto sí es posible. El estudio proporciona una de las primeras evidencias a nivel global del efecto electoral de las políticas de transición justa. En concreto, el estudio analiza los efectos del Acuerdo de Transición Justa en los municipios de Asturias, Aragón y León firmado por las empresas mineras, los sindicatos y el gobierno el 24 de octubre de 2018, poco antes de las elecciones generales de abril de 2019. El acuerdo suponía el cierre de 28 minas de carbón e incluía indemnizaciones para los trabajadores e inversiones en las comarcas mineras. 

Nuestro estudio permite aislar los resultados electorales de los municipios ubicados en las zonas mineras respecto del resto de municipios y obtener así el impacto diferencial de la política. Aunque lo esperable hubiera sido un coste electoral para el partido incumbente, nuestros resultados muestran que, por el contrario, el apoyo al PSOE en los municipios mineros creció significativamente (en 1,8 puntos porcentuales) respecto a otros municipios similares no mineros, un resultado esperanzador para otras regiones.

Para explorar los mecanismos detrás de estos resultados el estudio se complementa con un análisis de medios de comunicación y con una serie de entrevistas en profundidad con personas que participaron en la negociación del acuerdo, responsables en esta materia de los diferentes partidos políticos y que participaron en su votación y con otros actores locales relevantes. El acuerdo debatido y votado el 22 de enero de 2019 en el Congreso de los Diputados fue apoyado por el PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV, pero no contó con el apoyo del PP, Podemos o Equo, por distintas razones.

El análisis de medios muestra que si comparamos la cobertura de la transición justa de enero de 2018 a junio de 2019, los periódicos regionales de las comarcas mineras contenían cinco veces más artículos al respecto que los periódicos nacionales. También confirma que el 18,8% de todos los artículos sobre transición justa mencionaban al “PSOE” o a “Teresa Ribera” o al “Ministerio para la Transición Ecológica” o similares, mientras que sólo el 2% de dichos artículos mencionaban al principal partido de la oposición (PP) y sólo el 1,8% a Podemos o Equo. Esto es, la agenda de la transición justa era un asunto relevante en las comarcas mineras y estaba asociada principalmente a la acción del PSOE. 



Respecto de las causas que explican dichos efectos, la entrevistas pusieron de manifiesto la importancia de tuvo que el enfoque de transición justa fuera percibido como creíble y que estuviera basado en la honestidad reconocida por todas las partes. Fue relevante para muchos de los entrevistados que el acuerdo no sólo ofreciese compensaciones a los trabajadores y trabajadoras, sino que también introdujera instrumentos concretos (Convenios de Transición Justa) para el desarrollo de nuevos proyectos industriales. 

En definitiva, nuestra hipótesis es que la transición justa tuvo éxito porque fue no sólo una cuestión de compensaciones, sino también un compromiso con el desarrollo de la comarca percibido como creíble en las comarcas mineras y en donde el proceso de toma decisiones y el reconocimiento de la identidad y la aportación de estas regiones fue tenido en cuenta.

Las entrevistas también sugieren que en el impulso electoral del PSOE fue importante el papel intermediario de los sindicatos, que negociaron y finalmente apoyaron el acuerdo. Los sindicatos mineros actuaron, o bien defendiendo públicamente el acuerdo ante sus afiliados y la ciudadanía, o al menos no oponiéndose a él y centrándose en poner en marcha los Convenios de Transición Justa.

Del mismo modo, las entrevistas realizadas muestran que las promesas de algunos de los partidos de la oposición que defendían la continuación de las actividades de la minería del carbón incluso más allá de 2040 era en realidad percibidas como poco realistas, ya que la UE obligaba al cierre, por lo que seguramente tuvieron una penalización electoral.

¿Hasta qué punto nuestros hallazgos puedan generalizarse a otros lugares? Al fin y al cabo, en el caso español, la industria del carbón era poco competitiva, la UE había puesto fecha de cierre y los trabajadores directamente afectados eran ya muy escasos (1.700 trabajadores directos). Estos factores, sin duda, moldearon las negociaciones, ya que la fortaleza de las empresas y de los sindicatos en las negociaciones era limitada, lo que aumentó las posibilidades de alcanzar un acuerdo tripartito, algo que además fue beneficioso posteriormente para los acuerdos de cierre en las centrales de carbón.

En este sentido, nuestros hallazgos deberían poder generalizarse a otros contextos geográficos en los que (i) los sectores intensivos en carbono tienen suficiente capacidad organizativa para ser socios confiables en el diálogo social y (ii) estos sectores están en una posición negociadora más débil debido a unas limitadas perspectivas de rentabilidad. También las estrategias de transición justa serán más factibles (iii) cuando el gobierno tiene suficiente capacidad fiscal para comprometer compensaciones e inversiones, y, por último, (iv) cuando hay partidos de izquierda en el gobierno y esos partidos tienen estrechos vínculos con los sindicatos. Esto sugiere que es más probable que surjan estrategias de transición justa exitosas en países donde existen tales vínculos (por ejemplo, Reino Unido, Australia, Noruega y Alemania) que en aquellos donde no existen (por ejemplo, Estados Unidos y Canadá). 

En todo caso, nuestros hallazgos subrayan el valor de afrontar estas transiciones con un enfoque de justicia social amplio que incluya estrategias de desarrollo a nivel industrial, regional, social o laboral. Aunque es lógico que los trabajadores defiendan fuertemente sus empleos, incluso cuando las perspectivas económicas del sector sean sombrías, y que sean escépticos con respecto a la creación de nuevos empleos “verdes”, este tipo de estrategia de transición justa como el ensayado en España pueden ayudar a proporcionar una salida digna y esperanzadora en otros lugares y que incluso pueda ser apoyada finalmente por la ciudadanía en las urnas.
 
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